Coparticipación: intensas gestiones de la Nación con las provincias

Miembros del equipo económico continuaron ayer realizando gestiones con sus pares provinciales para destrabar las negociaciones por el nuevo régimen de coparticipación federal, lo cual posibilitará un inmediato tratamiento del proyecto de ley de presupuesto nacional.
La mayor complicación que debe enfrentar el gobierno es la negativa de las provincias en manos del radicalismo de aceptar la pesificación de las deudas a 1,40 peso, pues reclaman que sea a la relación 1 a 1.
Los contactos estuvieron a cargo de funcionarios de la Secretaría de Relación con las Provincias que comanda de Juan Carlos Pezoa y sus pares de las jurisdicciones del interior.
Los encuentros proseguirán hoy en Buenos Aires y, según confían en el seno gubernamental, a más tardar el martes se sellaría la nueva estructura.
La Nación ya aceptó hacerse cargo de las deudas provinciales por un monto cercano a los 16.000 millones de pesos, que los distritos pagarán en 16 años -los tres primeros de gracia- a una tasa de interés del 4 por ciento en el primero y en el segundo los intereses más el CER.
En el acuerdo también se establece eliminar un piso de giro mínimo y en contrapartida se coparticipará la recaudación del impuesto al cheque, cuyo producido es de unos 400 millones mensuales. Por su parte, los gobiernos provinciales se comprometerán a achicar el déficit, que en forma global deberá reducirse de los 5000 millones de pesos actuales a sólo 1500 millones. A su vez, la rúbrica de este nuevo acuerdo hará caducar inmediatamente todos los pactos anteriores.
El acuerdo en la relación financiera entre la Nación y las provincias es una de las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aprobar un paquete de ayuda.
En Economía aseguran que las provincias en manos del justicialismo están dispuestas a aceptar este pacto, pero tropiezan con la posición de los gobiernos radicales, que pretenden la pesificación 1 a 1 de las deudas.
La intención es llegar a un pronto entendimiento, a más tardar el martes, para que al día siguiente el Congreso trate el presupuesto.
Con estas dos herramientas, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, estaría en condiciones de comenzar una negociación formal con el FMI para lograr un programa que contemple asistencia financiera.

Al borde de la rebeldía
En otro orden, pequeños y medianos comercios de todo el país estarían a punto de declararse en rebeldía fiscal, ya que según advirtieron ayer, se limitarán a cumplir con sus obligaciones tributarias y de servicios públicos si les queda remanente después de abonar los salarios de los empleados y a los proveedores.
"Ante la escasez de recursos por falta de ventas, recomendamos a las pymes darle prioridad al pago de sueldos después cumplir con los proveedores y luego, si hay remanente, abonar impuestos y servicios públicos", señaló una nota de la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias (Came).
Las afirmaciones fueron realizadas por el titular de la entidad, Osvaldo Cornide, quien ratificó para el jueves 7 de marzo una marcha por "el comercio, el trabajo y la solidaridad", en reclamo del fin del corralito y la indexación.