Año CXXXV
 Nº 49.398
Rosario,
viernes  22 de
febrero de 2002
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Editorial
Los asesores del Concejo

La ciudad sufrió ayer un verdadero impacto tras la publicación de La Capital de la lista completa -sin tachas ni omisiones- del personal político del Concejo Municipal de Rosario. Unas 244 personas cobraban de las arcas municipales la increíble suma mensual de 377 mil pesos.
No se trata de comenzar una caza de brujas ni enfocar hacia la política como la única causa de los males de la Argentina. Pero, sin duda, resulta una abyecta inmoralidad que se utilice al Estado para acomodar parientes, amigos y descendientes directos. Es inmoral, por ejemplo, que los integrantes de una familia (dos concejales, marido y sobrino) perciban 9.000 pesos mensuales.
En medio de la peor crisis económica y social de que la Argentina tenga memoria, la ciudad no puede darse el lujo de destinar esa inmensa suma de dinero a pagar "chapas" políticas absolutamente improductivas. Es cierto, también, que muchos de los que integran esa lista efectivamente trabajan y cumplen su función, pero son minoría y hoy pagan justos por pecadores.
El presidente del Concejo Municipal debería disponer inmediatamente la anulación de cualquier partida, aunque sea mínima, destinada a los asesores y exigirles a los ediles del cuerpo que busquen ayuda profesional en las universidades o que la paguen de su bolsillo.
Mientras las villas miseria de la ciudad no paraban de crecer, mientras los desocupados pedían planes trabajar y la Municipalidad repartía bolsones de comida, un grupo selecto de "asesores" tenía asegurada su dieta mensual por hacer muy poco o nada.
Ahora bien, la revelación que hizo el diario no es el único caso. En toda la órbita del Estado, municipal, provincial y nacional hay situaciones muy semejantes a la del personal político del Concejo. Se sabe que hay sumas de dinero malgastado también en el acomodo de amigos y parientes.
Las instituciones, los políticos y los gobernantes deben mostrarle a la sociedad que la crisis trae, al menos, algo positivo: el sinceramiento de los gastos públicos y el fin de las prebendas.


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