Acusan por irregularidades a los investigadores de un triple crimen

Familiares de las víctimas de la masacre del Biguazal se presentarán ante el nuevo fiscal de Reconquista

Las familias de los tres pescadores asesinados hace más de un año en un paraje ribereño de Reconquista presentarán una denuncia penal contra las autoridades de la delegación local de Prefectura Naval, de la Agrupación de Unidades Especiales de la policía provincial y de los funcionarios judiciales que tuvieron a su cargo la investigación del triple homicidio, al entender que se cometieron graves irregularidades durante los primeros días de instrucción de la causa. En tanto, todavía no se puso fecha al juicio oral y público que solicitó la defensa del único acusado y que muy probablemente se realice en la ciudad de Vera.
El abogado patrocinante de las familias Meza y Bustamante, Gabriel Hernández, manifestó a La Capital que la denuncia penal se realizará esta semana ante el nuevo fiscal de la ciudad cabecera del departamento General Obligado, Luis Berzano. "Creemos que Prefectura contribuyó para que se pierdan importantes pruebas y que la policía actuó unilateralmente sin la intervención de un juez. Por eso pedimos una investigación penal", afirmó el letrado.
Hernández también manifestó que pedirá que se investigue la responsabilidad que pudieron tener los primeros funcionarios judiciales a cargo de la instrucción de la causa. Las dudas están puestas principalmente sobre los jueces Luis Sarza y Jorge Galbuceras, el fiscal que actuó en la feria, Ricardo Fessia, y la secretaria del juzgado en lo penal de instrucción, Fabiana Pierini. Con respecto a esos funcionarios ya fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia un pedido de juicio político.
El triple crimen de Reconquista sucedió durante la noche del 2 al 3 de enero de 2001 en el paraje ribereño El biguazal, a unos 5 kilómetros del puerto de Reconquista. Las víctimas de esa masacre fueron Francisco y Rafael Meza, padre e hijo entre sí, y Matías Bustamante, tres pescadores que habían llegado a ese lugar para pasar tres días de pesca y fueron ultimados a balazos y hachazos en la ranchada que ocupaban.
El único imputado por ese hecho es Carlos Cano, un cazador de 19 años, quien siempre aseguró ser inocente y la única prueba que lo vincula a la causa es que en su poder fue hallado el reloj pulsera de una de las víctimas.