El Poder Judicial analiza estrategias para enfrentar la poda de salarios

Algunos magistrados creen que esta vez no deberían oponerse abiertamente a una medida de este tipo

Jorge Salum

Algunos, aunque los menos, están dispuestos a pintarse la cara como para ir a la guerra. Otros creen que éstas no son épocas para ponerse en duros ante una sociedad que, con o sin razón, los tiene en la mira. Pese a que no todos piensan igual respecto a qué hacer frente a un ajuste que consideran "inminente", los jueces provinciales comenzaron a prepararse ayer para resistir o al menos discutir, según de quién se trate, el probable recorte de sus salarios. La alarma recién se enciende, pero el tema amenaza con ocupar el primer lugar de la agenda de los magistrados en los próximos días, desplazando incluso a la producción de sentencias.
La luz roja la prendió ayer este diario, cuando anticipó que la estrategia del gobierno provincial para reducir gastos pasaría por podar salarios, especialmente en el Poder Judicial. Algunos ya lo esperaban pero la mayoría recién entendió que puede ser real cuando la vieron publicada.
Desde la Corte Suprema de Justicia, en tanto, confirmaron a La Capital que planean una poda en los gatos de funcionamiento que tendrá forma entre hoy y el lunes. Sin embargo, en este caso lo que se busca es enviar "una señal hacia afuera", incluyendo al gobierno provincial, más que producir un gran ahorro. Es que sólo una ínfima parte del presupuesto de 128.000.000 de pesos asignado al Poder Judicial, calculada en 4.000.000, se utiliza para fines que no sean el pago de sueldos. Por lo tanto, el ajuste que se puede realizar en este rubro nunca podría ser realmente significativo.
Además, el presupuesto de este año destina a la Justicia 23.000.000 de pesos menos que en 2001, razón por la cual muchos integrantes del Poder Judicial afirman que el ajuste ya se hizo. Lo mismo sucede con el recorte salarial que implica la aún vigente ley de emergencia que se rige desde 1999. En algunos casos, esto supone una reducción de casi el 10 % de los haberes percibidos por los jueces, sobre todo los que tienen antigüedad y salarios más altos.
Con todo, voceros del máximo tribunal opinaron que los jueces no deberían salir con los tapones de punta contra un intento por achicar sus sueldos. "Al contrario, quizás esta vez tengamos que sentarse al menos a hablar", admitió una de las fuentes consultadas. Hablar no necesariamente significa aceptar de antemano la poda, aclaró, pero implica no resistirse a una medida que otros sectores de la administración pública recibirían con simpatía.
En los tribunales locales no descartaban ayer que el gobernador Reutemann hubiera mantenido ya algún contacto con las autoridades del Poder Judicial para sondear la posibilidad de incluir al sector en un ajuste.La mayoría de los jueces, mientras tanto, no podía ocultar su disgusto frente a la posibilidad concreta de cobrar salarios más bajos. Pero muchos no se mostraron de acuerdo con resistir públicamente un embate del PE contra sus bolsillos porque saben que eso les acarrearía problemas. "Hoy tenemos que ser políticos, pensar muy bien qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer", comentó uno de ellos. Como primera medida, ninguno de los consultados habló sin el compromiso de que sus nombres permanecieran en el más estricto anonimato.