Un pozo de amplias dimensiones fue descubierto en una zona aledaña a la capital tucumana y, según las denuncias realizadas, allí se habrían arrojado cadáveres durante el último proceso militar. El pozo fue descubierto a partir de una investigación impulsada por el director de Transporte de la provincia, Enrique Romero, quien presentó una denuncia en la Justicia federal para que se investigue su contenido. Romero fundamentó su denuncia a partir de una serie de fotografías aéreas realizadas en los últimos años por personal de Vialidad Provincial, en las que se advierte un pozo en medio de grandes extensiones de plantíos de caña de azúcar. El agujero en cuestión, que actualmente está tapado, es de tres metros de diámetro y unos 80 de profundidad. Fue ubicado en Finca de Vargas, que se encuentra en San José, una zona aledaña a la capital tucumana. En la denuncia Romero sostiene que el pozo "fue utilizado entre 1976 y 1977 como fosa común para personas que fueron víctimas durante los años de la dictadura", y añadió que "el rescate no se puede hacer de la manera usual ya que los cuerpos fueron rociados con cal viva y poderosos ácidos, con la intención de no dejar rastros". La causa quedó en manos del juez federal Felipe Terán, quien comenzará a analizarla a partir de la próxima semana.
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