La posibilidad de que aumenten las rentas en el mercado inmobiliario generó una gran inquietud entre quienes alquilan su vivienda, que son 1,2 millones de familias en todo el país. El gobierno nacional dispuso pesificar las locaciones vigentes que estaban pactadas en dólares, pero de ahora en más se aplicará una cláusula de actualización mensual. No obstante, las inmobiliarias locales estudian la posibilidad de no cobrarlo a la hora de cumplimentar los pagos correspondientes a este mes, y apuntan a consensuar la aplicación o no del ajuste en conjunto con los propietarios e inquilinos.
El secretario de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, Pablo Porta, aseguró a La Capital que se están uniformando criterios entre todas las firmas integrantes para que se mantenga la pesificación en los precios de los alquileres pactados en dólares. La idea radica en "revitalizar el mercado", que sigue deprimido. Sin embargo, la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) -tal el nombre de la actualización- originará un reajuste mensual de los alquileres, "impuesto por el Estado", dijo Porta. De todos modos, todo indica que la actualización de febrero, del 2,3%, no se aplicará.
Cabe recordar que los alquileres y las deudas pactadas en pesos no sufrirán modificaciones, es decir que no tendrán la incidencia del CER.
El CER debe aplicarse sólo sobre los contratos vigentes en dólares, porque la indexación sigue prohibida para las nuevas operaciones. Su instrumentación sobre un alquiler de 200 pesos significaría para el inquilino un desembolso extra de 4,6 pesos, lo cual llevaría la cuota a $204,60. "La gente no puede pagar más", dijo el empresario, aunque admitió que los propietarios tampoco quieren perder. Para el dirigente inmobiliario, "hay que buscar un punto de equilibrio".
El titular de la Asociación de Inquilinos de la Argentina, Enrique Wainfeld, afirmó ayer que la actualización a través del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) "no es lo mismo que una indexación", y alertó a los inquilinos que la normativa vigente prohíbe todo tipo de indexación o de ajuste por el precio del dólar.
"Pero la ley de alquileres establece claramente que el plazo mínimo es de dos años para viviendas y tres para locales comerciales, con la cláusula que protege al inquilino permitiéndole rescindir el contrato a los seis meses", agregó Wainfeld.
La propuesta del gobierno de pesificar los contratos de alquiler y ajustarlos mensualmente por un Coeficiente de Estabilización de Referencia, elaborado en base al índice de precios minoristas y las tasas de interés, genera incertidumbre entre inquilinos y propietarios.
"Hay una desorientación total, y sobre todo falta de decisiones para la firma de nuevos contratos. Los propietarios piensan en cómo cubrirse en dólares y desconfían del ajuste, mientras que los inquilinos muestran preocupación por la propuesta de indexar mensualmente los alquileres", señaló ayer el titular de la la Federación Inmobiliaria Argentina (FIA), Ricardo Alonso.
Lo cierto es que ya no se podrán firmar contratos de locación en dólares ni hablar del equivalente en dólares y tampoco de introducir cláusulas de indexación para los nuevos contratos.
Por su parte, el secretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía, Eduardo Ratti, explicó que con las nuevas medidas "se caen todas las formas jurídicas que contemplan un ajuste en dólar" de los contratos y destacó que continúan vigentes las normas que prohíben la indexación.
"Todas aquellas cláusulas de contratos que hablan de pagar el equivalente en pesos a cierta cantidad de dólares, caen con esta normativa", indicó Ratti.
A quien le toca
Un comunicado, difundido ayer al mediodía en el Palacio de Hacienda, salió al cruce de algunas interpretaciones periodísticas sobre la presunta indexación que sufrirán algunos contratos tras la pesificación y la actualización por el CER.
El comunicado indica que continúa vigente la prohibición de aplicar todo mecanismo de indexar contratos, como lo expresa la ley de emergencia.
Puntualiza que, a través del decreto 214, el gobierno dispuso un tratamiento especial que se aplica solamente a los contratos afectados por la modificación del tipo de cambio vigente al 6 de enero último.
Este tratamiento -agrega el texto- consiste en la pesificación uno a uno de los contratos vigentes a esa fecha, expresados en dólares u otra moneda extranjera, y la aplicación del coeficiente que regirá sólo hasta la extinción de esos contratos.
Finalmente, el comunicado indica que "los contratos en curso al 6 de enero expresados en pesos, continúan sin cambios. en tanto que los nuevos contratos que se pacten con posterioridad al 6 de enero pasado, no podrán tener ningún tipo de mecanismo de actualización".
Por su parte, el empresario de la construcción y venta de inmuebles Armando Pepe, consideró que para poder mover la rueda del mercado inmobiliario hay que lograr firmar nuevos contratos de locación.
Mientras, un grupo de representantes de inmobiliarias rosarinas se reunió ayer en Buenos Aires con dirigentes de organizaciones vinculadas a actividades relacionadas con la construcción y la propiedad horizontal con la idea de unificar criterios y pesificar el comercio en esos rubros para evitar confusiones entre los clientes.