La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados acordó ayer abrir mañana una investigación sobre la tarea de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a quienes acusa de mal desempeño en sus funciones por su actuación en las causas de la venta ilegal de armas, el atentado a la embajada de Israel, el rebalanceo telefónico y el corralito.
El presidente de esa comisión, el justicialista Sergio Acevedo, dijo que hay acuerdo para declarar admisible el juicio político a los miembros de la Corte y afirmó que ahora se abrirá la etapa sumarial y se llamará a los acusados para que hagan su descargo.
La formalización de la apertura del juicio político se hará mañana a las 11 en una reunión plenaria de la comisión, donde se definirán los expedientes que se tomarán en cuenta y si recaerá la investigación en todos los jueces o si se exceptuará a Gustavo Bossert y Enrique Petracchi.
El consenso para declarar admisible de juicio político a la Corte Suprema fue alcanzado ayer en las reuniones de las tres subcomisiones en las cuales se dividió el trabajo para estudiar cada expediente y establecer si las acusaciones podían configurar mal desempeño de los miembros del tribunal.
La decisión adoptada por los diputados es una nueva muestra de su voluntad de avanzar en un proceso de juicio político a la Corte Suprema, según admitieron en declaraciones periodísticas los justicialistas Acevedo, Graciela Camaño, la frepasista Nilda Garré, y la arista Elisa Carrió.
Acevedo dijo que "hay elementos sustanciables" -poner un asunto en la vía procesal adecuada hasta ubicarlo en estado de sentencia- para declarar admisible los pedidos de juicio político y comenzar la investigación para determinar si se puede acusar ante el Senado a todos los miembros del alto tribunal.
"Hay voluntad política para llevar adelante esta investigación a la Corte por mal desempeño en sus funciones", apuntó Acevedo.
Garré sostuvo que "tenemos los elementos necesarios para poder abrir una investigación" y dijo que la comisión debe "ser cuidadosa, rápida y eficaz".
A su turno, Carrió también sostuvo que "hay causales para declarar admisible los juicios políticos", tras analizar en la subcomisión que integró los pedidos de promoción de enjuiciamiento por su desempeño en la causa armas y embajada de Israel.
La historia de esta investigación que se abrirá a la Corte Suprema tuvo su primer capítulo el jueves cuando, en pleno verano, se constituyó la comisión, para acelerar el estudio de los 28 expedientes que promovían la remoción de esos jueces.
Pero el fallo del viernes de la Corte, cuando se declaró anticonstitucional el corralito, apuró los tiempos y los legisladores tomaron ayer mismo su resolución de comenzar una investigación a los jueces, pero respetando todos los pasos procesales dispuestos en el reglamento de la comisión y garantizando el derecho a los defensa de los acusados.
Un dato novedoso de la jornada fue que se sumó un nuevo juicio político contra el alto tribunal -promovido por los peronistas José Falú y Eduardo Di Cola- por la controvertida acordada sobre el corralito.
Al respecto Falú dijo que la Corte adoptó una actitud contradictoria en dos fallos similares porque mientras en el caso "Kipper obligó a devolver el dinero al banco, en el de Smith declaró inconstitucional el corralito" y dijo que su actuación "pareciera no ser la sed de justicia sino un acto de preservación de sí mismo".
Encima, en las últimas horas, han ingresado mas de una decena de pedidos contra la Corte y ya existen casi 40 expedientes. Entre ellos se encuentra un nueva solicitud de Carrió por la morosidad de los jueces en la investigación del criminal atentado a la embajada de Israel.
Uno de los acuerdos sustanciales alcanzados por los diputados, que deberá exponerse en la reunión de mañana, es que se tomará como base de la investigación un cúmulo de fallos.
Es decir que no sólo se centrará el estudio de la conducta de la Corte en la causa de armas o de la embajada de Israel, sino que se incorporarán los fallos del rebalanceo telefónico y la última acordada sobre el corralito.
También en el plenario de la comisión se deberá buscar un acuerdo sobre los plazos, porque mientras la vicepresidente de la comisión, Garré, afirmó que el dictamen de acusación "no debería insumir más de 15 días", Acevedo prefirió evitar definir tiempos precisos, aunque señaló que "no aceptará actitudes dilatorias".
El trámite de juicio político no es sencillo, y menos cuando está involucrada la Corte Suprema, ya que se debe comenzar una etapa sumarial con acumulación de pruebas, que debe concluir con el descargo personal o por escrito de los acusados.
Luego la comisión debe elaborar los dictámenes que deberán ser considerados en una sesión. Si se promueve la acusación contra uno o varios jueces de la Corte ante el Senado estos despachos tendrán que ser votados con el respaldo de los dos tercios de los diputados.
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La Ciudad
