"A los pacientes que se dializan los tienen como rehenes", afirmó la presidenta de la Asociación de Enfermos Renales y Trasplantados de Rosario (Aerytro), Mabel González, quien recalcó que "más allá de los intereses económicos del Pami y de las entidades prestacionales, lo único importante son los derechos de los pacientes". Un grupo de enfermos se reunió ayer en las oficinas del Pami Rosario para reclamar la regularización de los servicios de la Asociación de Diálisis y Trasplante de la provincia de Santa Fe. Minutos antes de ser relevado de su cargo, el ahora ex delegado del Pami a nivel local, Ricardo Volpintesta, confirmó a La Capital que ayer "se reanudaron las conversaciones con los directivos de la Confederación Argentina de Diálisis" luego de que la obra social de los jubilados a nivel central depositara el 50 por ciento de la cápita de agosto.
La titular de la organización no gubernamental reclamó a las autoridades nacionales "una respuesta inmediata a los problemas que deben enfrentar los enfermos renales de todo el país" y adelantó que en las próximas horas se reunirán los pacientes de distintos puntos del país para organizar una marcha de protesta en Capital Federal".
Según datos proporcionados por la titular de Aerytro, en Rosario hay más de 500 personas en diálisis, 205 de las cuales reciben el tratamiento en centros privados contratados por el Pami. La falta de pago de parte de la obra social obligó a los miembros de la Asociación de Diálisis y Trasplantes de la provincia de Santa Fe, dependiente de la Confederación Argentina de Diálisis a dejar de trabajar normalmente.
"Todos los centros que dependen de la entidad están trabajando con grandes dificultades porque no hay insumos ni dinero para comprarlos", confesó el presidente de la asociación, Marcelo Farías, quien reconoció que "los pacientes del Pami son atendidos porque presentaron recursos de amparo ante la Justicia, pero se están dando las prestaciones sin convenio, porque la obra social a nivel central dio de baja el contrato".
El médico subrayó que el Pami adeuda los servicios de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Luego estimó que el organismo nacional está debiendo a los prestadores privados de hemodiálisis de la provincia más de 1.750.000 dólares.
El ahora ex delegado local del Pami confirmó ayer a La Capital que las autoridades a nivel nacional depositaron "el 50 por ciento de la cápita de agosto", y consideró que esa decisión "permite reanudar el diálogo con los integrantes de la Confederación Argentina de Diálisis".
El ex funcionario resaltó que "si los integrantes de la Confederación no llegan a un arreglo con el Pami, entonces los pacientes serán atendidos por los miembros de la Cámara".
| |
La Ciudad
