La polémica por la reducción de horas cátedras en los 45 institutos terciarios de la provincia llegó ayer a Tribunales. Un grupo de representantes de distintas fuerzas de la ciudad -profesionales, empresariales y sindicales- iniciaron una acción judicial para frenar la disposición del Ministerio de Educación de la provincia. No obstante, el titular de esta cartera, Alejandro Rébola, volvió a repetir que existe una sobreoferta en la educación superior, que el presupuesto para este año se reducirá en 22 millones y se mostró dispuesto a escuchar otras propuestas para achicar gastos. "Soy el más interesado en oír alternativas para ver cómo podemos abordar esta situación", aseguró y prometió que "todas" serán estudiadas y consideradas.
"Pueden estar de acuerdo o no con mi gestión. Pero la verdad es que no tengo plata", se quejó el ministro en un intento por justificar la reducción de tres mil horas cátedra en los 45 institutos de educación superior de la provincia. Según Rébola, la medida apunta principalmente a los cargos de coordinación, investigación y tareas de interdisciplina. Sin embargo los directores de los terciarios consideran que afectarán el funcionamiento de algunas carreras que, directamente, tendrán que cerrar la inscripción al primer año.
Basándose en esto, el dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado, Héctor Quagliaro, el concejal Pablo Javkin y el directivo de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa, Juan José Sisca, entre otros, se presentaron ayer en Tribunales. Basándose en la ley 10.000 de intereses difusos, presentaron una acción judicial contra esta disposición "que afecta el derecho constitucional de enseñar y aprender, y la obligación del Estado de destinar recursos suficientes para el sostenimiento, difusión y mejoramiento de los establecimientos educativos".
Redimensionar la oferta
Para Rébola, no obstante, la medida no llevará al cierre de carreras. "Di instrucciones precisas para que no se afecten horas frente al curso, sino las que estaban destinadas a interdisciplina o formación que no son imprescindibles", aseguró y confió en que "los directores de estos establecimientos tendrán que ser serios y solidarios" porque, simplemente, "no son épocas para hacer milagros".
El ministro cargó contra la irregular distribución de la oferta de educación superior provincial. "No puede ser que en el centro de Rosario haya 12 institutos -cuatro provinciales y ocho privados subvencionados- para profesores de 1º y 2º ciclo de la EGB. Cada sector debe empezar a reformular esta sobreoferta educativa". En este sentido, aseguró que la reducción de horas cátedra también afectará a los establecimientos privados que reciben subvenciones del Estado provincial y que la Dirección de Enseñanza Privada ya está acordando con cada uno de los directores de estos institutos la forma en que se implementará esta medida.
"Es un momento para empezar a discutir cómo reorientamos nuestros recursos -advirtió- porque estamos haciendo una inversión que en definitiva no se aprovecha. Por poner un ejemplo arbitrario, si yo necesito 100 maestras jardineras por año en toda la provincia y se reciben 500 estoy estafando a 400 chicas".
De todos modos, ni los directores de institutos superiores ni el gremio están convencidos. Y la voz del resto de la comunidad educativa aún no se escucha.
La Ciudad
