El titular del Pami, José Manuel Corchuelo Blasco, dispuso la intervención de los servicios de emergencia y traslados de la obra social de jubilados y pensionados para optimizar su costo anual que supera los 57 millones de pesos, se precisó ayer. Estos servicios son prestados a través de la Dirección de Atención Médica Programada y No Programada, que además cumple funciones de control sobre las externaciones realizadas indebidamente (altas tempranas) y la atención médica primaria ante crisis de prestadores. La medida rige desde anteayer pero se dio a conocer recién ayer. Según la actual dirección del Pami, el servicio de emergencias y traslados tiene un costo anual de 57.377.833 pesos, lo cual representa un valor de 4,90 pesos por afiliado. La prestación abarca a jubilados y pensionados de la Capital y Gran Buenos Aires y se realiza mediante la utilización de 150 vehículos y 1.194 personas. La población cubierta es de 1.141.922 afiliados, mientras que la superficie de control alcanza a 3.995 kilómetros cuadrados. El valor per cápita pretende optimizarse equiparando el costo que paga el Pami con los existentes en el mercado, teniendo en cuenta las características generales que comprenden a los beneficiarios. Entre las razones que adujo la dirección del Pami se indicó que de los 57 millones de pesos que representan el costo anual del servicio de emergencias y traslados, 42 millones corresponden a servicios propios y 15 millones a los servicios tercerizados, siendo el monto destinado a sueldos y jornales el que representa el mayor grado del servicio. La dirección de la obra social dijo que "el ahorro previsto al optimizar este servicio se destinará a una cuenta especial que se utilizará para cubrir las prioridades prestacionales del instituto". La crítica situación por la que atraviesa la obra social de los jubilados fue graficada por Corchuelo Blasco como un delicado cuadro de "coma 3", con prestadores y farmacias que han cortado la atención por falta de pago. La decisión de intervenir la Dirección de Atención Médica bajo la justificación de optimizar costos, revela sospechas sobre posibles irregularidades en los gastos. (DyN)
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