El último viernes, los familiares y amigos de Daniel Alejandro Brenta se reunieron como desde hace tres años para recordar la muerte del joven que apareció colgado en una celda de la subcomisaría 2ª de Nuevo Alberdi. Por su muerte se encuentran procesados por homicidio culposo dos agentes que estaban en la seccional, en tanto el ex jefe de la comisaría y dos suboficiales serán juzgados por apremios ilegales.
Los familiares y amigos del joven recordaron su muerte con un encuentro silencioso. No hicieron marchas, como en los años anteriores. Organizaron una misa y llevaron flores al cementerio en su memoria. "El juez aceptó que Daniel se suicidó, la investigación quedó en la nada y los policías serán juzgados por delitos menores", señaló a La Capital el padre del joven, Mario Ramón Brenta.
Daniel Brenta, de 22 años, apareció ahorcado en una celda de la subcomisaría 2ª de Nuevo Alberdi el 25 de enero de 1999. El joven había sido arrestado a las 4 de la mañana cuando cabalgaba a junto su primo en el complejo Palos Verdes, cerca del aeropuerto de Fisherton, en dos caballos que la policía supuso que eran robados porque no tenían bozal ni riendas.
Seis horas más tarde Daniel apareció ahorcado en su celda. La policía explicó entonces que el joven se había colgado con el cordón de su campera inflable y que fue hallado por el personal de guardia durante un control rutinario. En el penal se encontraban alojados seis presos, aunque el muchacho estaba solo, en una celda individual. Su primo se encontraba en un penal a pocos metros y había sido llevado a declarar a Tribunales cuando avisaron de la muerte de Daniel.
La autopsia practicada por el médico Oscar Sánchez, del Instituto Médico Legal, indicó "asfixia mecánica a predominio circulatorio por ahorcamiento" como causa del deceso. El examen no consignó la existencia de golpes o hematomas en el cuerpo del joven, excepto "un tajo en la muñeca izquierda que se habría provocado con una lata de gaseosa que halló en la celda".
La versión policial fue rebatida desde el principio por los familiares de Brenta, quienes descartaron de plano la posibilidad de que el muchacho se hubiera quitado la vida. Sostuvieron que el joven había sido asesinado y denunciaron que había sido víctima de apremios, ya que el cuerpo presentaba marcas de golpes, escoriaciones, hundimiento del ojo derecho, fractura de nariz y heridas cortantes detrás de las orejas.
La existencia de los apremios también fue denunciada por el adolescente de 17 años y primo de la Daniel que fue detenido junto a la víctima. El joven dijo que Brenta fue golpeado "constantemente en la cabeza" al ser detenido y que él resultó amenazado de muerte por policías de la seccional para que no aportara datos sobre el hecho. A partir de entonces, el muchacho no volvió a radicarse en Rosario.
Delitos menores
Tras numerosas marchas y actos frente a los Tribunales provinciales de los que participaron familiares y amigos de la víctima, el juez Adolfo Prunotto Laborde envió a juicio a cinco policías por el caso. En agosto de 2000 el magistrado procesó por homicidio culposo a los agentes Eduardo Raúl Mira y Juan Carlos Almirón, al interpretar que fueron responsables de la muerte del joven por negligencia, ya que en la celda "se encontraban los elementos que utilizó para quitarse la vida". También procesó al comisario José Angel Búlgari -ex titular de la seccional- y los suboficiales Francisco Raúl Herrero y Ricardo Castañeda por apremios ilegales.
"Tengo una sensación de impotencia muy grande", dijo Mario Ramón Brenta a tres años de la muerte de su hijo. "El juez aceptó que Daniel se suicidó y los policías quedaron todos libres y siguen trabajando", explicó el hombre, quien señaló que el procesamiento es por un delito menor, como el que recibe cualquier persona que haya matado a otra por un fatal accidente de tránsito involuntario.
Brenta vivía en una casa humilde de la zona rural de Funes. Era casado, tenía dos hijas de entonces 3 y 2 años y se encontraba desocupado luego de haber trabajado con un contrato temporario para la municipalidad de Funes. "Jamás se hubiera matado, nunca lo hubiera hecho porque no tenia motivos para tomar esa decisión", aseguró desde el principio Carina Ríos, su mujer.
Los padres del muchacho denunciaron además que el joven era permanentemente presionado por la policía, tras haber estado detenido cuatro años por un hecho de robo. "Lo detenían sin motivos y le adjudicaban robos que no había cometido", indicó el padre.
El episodio motivó que la directora de Asuntos Internos de la policía provincial, Leyla Perazzo, anunciara que la dependencia a su cargo analizaría y revisaría "cada uno de los casos de muertes dudosas en comisarías para establecer los factores comunes que pudieran existir entre los mismos y evitar que se repitan".