Año CXXXV
 Nº 49.367
Rosario,
martes  22 de
enero de 2002
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El nuevo ciclo de la democracia argentina

Artemio Luis Melo (*)

El primer ciclo de la instauración democrática argentina, iniciado auspiciosamente el 10 de diciembre de 1983 con la presidencia de Alfonsín, se cerró el 20 de diciembre de 2001 con la renuncia del presidente De la Rúa, aceptada por la Asamblea Legislativa el 22 de diciembre de 2001. Fueron 18 años de desenvolvimiento accidentado pero progresivo de nuestra flamante institucionalización democrática. En efecto, no obstante la persistencia inestable que lo caracterizó, impidiéndole alcanzar el estado de consolidación democrática, marcó importantes hitos orientados al desarrollo político. En este sentido cabe referirse a la sucesión pacífica en el mando político presidencial, la primera alternancia partidaria genuina de nuestra historia institucional producida el 8 de julio de 1989, la reforma constitucional consensuada de 1994, la subordinación del poder militar al poder político, la reafirmación de los derechos humanos con el Estado de derecho, la conformación de un polo opositor en 1997 con la Alianza resultante de la coalición de la UCR y el Frepaso, la segunda alternancia con la llegada al poder de dicha "Alianza para el Trabajo, la Educación y la Justicia".
Este último recambio en la primera magistratura abría la esperanza de la consolidación de nuestro régimen democrático si nos atenemos a la afirmación conceptual de Huntington. Sin embargo, nuestra realidad política, como reflejo de nuestra cultura política, rebasó a la concepción teórica de Huntington y las expectativas en ella fundadas. Con la intempestiva salida de la Alianza del poder se cerró un ciclo sin alcanzar la preciada consolidación democrática y se abrió, en cambio, un peligroso interludio que señala la clausura del primer ciclo y la gestación de un nuevo ciclo, aun en status nacendi, en la instauración democrática argentina.

El sistema de partidos
La clave de este resultado paradójico radica en el sistema de partidos cuyo formato no está afianzado. La instauración democrática se inició con un sistema bipartidista protagonizado por la UCR y el Partido Justicialista, pero llevaba la impronta predominante con el proyecto frustrado del "Tercer Movimiento Histórico" lanzado por el alfonsinismo. Recobró vigencia el bipartidismo con la alternancia del 8 de julio de 1989, pero nuevamente se vio amenazado por la vocación predominante del justicialismo, atizada en la era del menemismo. La ciudadanía quiso escapar a este destino ajeno a las democracias consolidadas. En ese estado de necesidad y urgencia, desde la sociedad se impulsó la idea-fuerza de la conformación de una coalición partidaria opositora con credibilidad gubernativa con el fin de impedir la estabilización de un sistema de partido predominante. Esa estrategia se concretó con la Alianza de la Unión Cívica Radical y el Frepaso que reunió la fuerza política opositora suficiente para lograr la segunda alternancia partidaria. Pero la Alianza, que mostró toda su potencialidad en las instancias previas sea como idea-fuerza, sea como fuerza política surgida de una coalición partidaria, se diluyó como coalición gobernante en la instancia decisiva en que la credibilidad gubernativa que generó como expectativa debía traducirse en capacidad gubernativa efectiva por sus resultados.
Las instancias finales de su prolongada agonía en el gobierno la encontraron implorando el apoyo del justicialismo, dividido, pero todavía predominante. En efecto, el Partido Justicialista, con los resultados electorales favorables del 14 de octubre de 2001, se apresuró a cubrir todos los espacios de poder para poner en jaque a la codiciada primera magistratura de la Nación. Sólo restaba quebrar una regla o procedimiento no formalizado, pero firmemente asentado en la tradición institucional. Ubicar en la línea de la sucesión presidencial del gobierno de la Alianza a un senador del justicialismo como presidente provisional del Senado.

Emergencia y apoyo
Con la ocupación de esa posición estratégica, el 29 de noviembre de 2001, estaban dadas las condiciones para precipitar la renuncia presidencial de De la Rúa. Sólo bastaba con negarle el apoyo que reclamaba para salir de la emergencia económica y social. El presidente De la Rúa lo comprendió claramente al expresar: "...vienen por todo...". Pero el justicialismo, que carece de un liderazgo unificado, arrastra el trauma histórico de no haber resuelto la cuestión central de la sucesión pacífica en el mando partidario. En ella radica la búsqueda empecinada de Menem por conseguir la reelección presidencial inmediata y consecutiva. Más aun, la obcecada pretensión de un tercer mandato consecutivo. Su falta de apoyo efectivo a la candidatura presidencial de Duhalde frente a De la Rúa. El intento de Duhalde por desplazar a Menem de la conducción partidaria. La arremetida del Frente Federal para instalar al senador misionero Federico Ramón Puerta en la presidencia provisional del Senado y su efímero resultado para contrarrestar la hegemonía partidaria del caudillo bonaerense Duhalde. El traslado temporal del eje partidario de Buenos Aires a San Luis. La elección condicionada por la Asamblea Legislativa del presidente interino Adolfo Rodríguez Saá. La presión hegemónica bonaerense para precipitar la renuncia del presidente interino Rodríguez Saá e inducir la dimisión de Puerta como presidente provisional del Senado para instalar en la línea de la sucesión presidencial al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. La segunda convocatoria de la Asamblea Legislativa y la elección cuasi aclamatoria del senador por Buenos Aires, Eduardo Duhalde, el caudillo partidario bonaerense como presidente de la Nación hasta el 10 de diciembre de 2003.
Todo este sinuoso procedimiento ¿no está indicando que el justicialismo llevó la resolución de su interna partidaria al seno institucional de la Nación? Finalmente, con la sanción de la ley de emergencia pública, se llega a la delegación de facultades del Congreso en la persona del presidente provisional Duhalde como auténtica expresión de una "democracia delegativa", al decir de Guillermo O'Donnell, o sea, desligada del control de la ciudadanía.

Una democracia paradójica
No terminan ahí las paradojas de la democracia argentina. Duhalde, el candidato presidencial justicialista, derrotado ampliamente en la primera vuelta por el voto de la ciudadanía que consagró a De la Rúa, el candidato presidencial de la Alianza, en los comicios del 24 de octubre de 1999, es elegido presidente provisional de la Nación por la segunda Asamblea Legislativa para completar el mandato del renunciante presidente De la Rúa y lo hace anunciando una orientación política absolutamente contrapuesta al programa de gobierno de la Alianza. Por eso decimos que se clausuró un primer ciclo de la instauración democrática argentina con indiscutible legitimidad de origen emanada del consenso del pueblo, fundamentalmente a través de elecciones presidenciales libres, periódicas y competitivas que aseguraron la sucesión pacífica y alternada en el mando político.
Pero, ahora, nos encontramos en el interludio de un nuevo ciclo. Interludio, que es un espacio temporal, en que la ciudadanía reconoce la legitimidad del régimen democrático instalado, pero observa que, por la prevalencia de la segunda Asamblea Legislativa sobre lo dispuesto por la primera, se ha postergado largamente su derecho político a elegir en forma directa al presidente de la Nación como lo prescribe la Constitución nacional (art. 94). A esta extraña situación Guglielmo Ferrero la califica de cuasi legitimidad porque el pueblo reconoce la legitimidad del régimen político pero no así la de su gobernante máximo, ni aun en el seno del partido predominante donde persiste la disputa interna por el liderazgo.
De manera que la calidad de la democracia argentina descendió de una legitimidad indiscutida a una precaria cuasi legitimidad. Esperamos que se aparte raudamente del camino que conduce al abismo del "democraticidio" y resurja pujante en un nuevo ciclo de legitimidad plena orientada a su consolidación. La salida del caos puede significar un nuevo orden siempre que sea en el marco de la legitimidad democrática fuertemente internalizada en la sociedad como lo señalan constantemente las encuestas de opinión.
\(*) Catedrático de la UNR


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