El plan del Ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, contempla entre otras cosas una devaluación del valor del peso con respecto al dólar de un 40%; la pesificación de los créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda única y familiar; a PyMEs y a los prendarios para la adquisición de automotores para transporte, cargas y pasajeros, cuyo valor original no excediera los U$S 100 mil; los créditos hipotecarios para refacción de viviendas hasta U$S 30 mil, y los prendarios para compra de vehículos utilitarios livianos y automóviles que no pesen más de 1.500 kgs hasta U$S 15 mil; y los créditos personales hasta U$S 10 mil para consumo; la pesificación de las tarifas de servicios públicos y la renegociación de los respectivos contratos, el congelamiento de los contratos de alquiler por 180 días para luego renegociar el contrato tomando a cuenta lo pagado; la doble indemnización para el despido sin causa justa; y la modificación del "corralito" bancario.
La devaluación del peso está planteada como un control cambiario, aunque el objetivo a largo plazo del gobierno es converger a un único tipo de cambio flotante. Por un lado, se encuentra el cambio oficial, que lo regula el Ejecutivo de acuerdo a los poderes especiales conferidos al gobierno de Duhalde, y por otro un tipo de cambio libre que lo determinará el mercado. Con el cambio oficial se liquidarán las operaciones de comercio exterior y algunas del sistema financiero, mientras que el tipo de cambio libre se utilizará para el resto de las transacciones. Esto significa que quien quiera conseguir dólares y no esté en la lista de importaciones esenciales deberá ahora recurrir a cualquier casa de cambio.
La devaluación está destinada a corregir el atraso que sufrió la relación de precios durante la convertibilidad. El éxito de la medida depende de que el aumento en el nivel de precios que se produzca por el aumento en los costos de las empresas que utilizan insumos importados no supere al valor de la devaluación de la moneda local.
Luego, para conocer los costos y beneficios de esta medida es necesario analizar en forma desagregada los sectores que más se verían afectados.
Sector bancario
Los costos para el sector bancario provienen de diversas fuentes. La más directa es el impacto que la pesificación de los créditos tendría en las ganancias de los bancos en general. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los créditos prendarios y una parte de los personales no están alcanzados por la norma, la licuación rondaría en alrededor de los $ 6.400 millones. Sin embargo, hay bancos que se verían más afectados debido a que su cartera de préstamos está concentrada en créditos hipotecarios.
Además hay que tener en cuenta que como los préstamos pesificados mantienen la tasa pactada en dólares, un impacto inflacionario licuaría la tasa real que reciban los bancos por los créditos en pesos y los créditos que fueron pesificados, ya que al estar fijada la tasa de interés nominal que reciben los bancos, un aumento en el nivel de precios haría caer el poder adquisitivo de dichos intereses. Por ejemplo, si la tasa de inflación fuese del 10% anual, los bancos cobrarían en términos reales alrededor del 7,46% anual por los créditos hipotecarios, 10% por los prendarios y 18% por los personales, bastante inferior a las tasas de interés reales a las que estaban acostumbrados los ban
cos cuando no había inflación.
Sin embargo, los bancos también se verían beneficiados por la licuación de los intereses de los depósitos que se encontraban en pesos antes de las medidas dispuestas por el ex Ministro de Economía, Domingo Cavallo, que pasarán a devengar una tasa nominal anual del 7%, mientras que los depósitos en dólares devengarán una tasa del 2% nominal anual. La ganancia estimada de esta medida es cercana a los $ 1.000 millones, por la diferencia de tasas que hubiese pagado y las que realmente tiene que pagar.
Debido al endurecimiento de las restricciones para poder retirar los depósitos a plazo, y algunos a la vista, la compensación que deberían recibir los bancos debería ser sensiblemente menor a los costos de las medidas. Serán los depositantes quienes soportarán el mayor impacto.
Sector externo
El Ejecutivo intenta evitar la especulación y la subfacturación que suelen aflorar en el comercio exterior en presencia de mercados de cambios múltiples. En este contexto, se utilizará el tipo de cambio oficial para las operaciones que implican no sólo la obtención de divisas sino también las relacionadas con algunas importaciones. De esta manera, queda configurado el escenario del siguiente modo:
* Con respecto a las compras de cambio a clientes, y dentro de las operaciones de liquidación obligatoria se utilizará el mercado oficial para el cobro anticipado y prefinanciación de las exportaciones.
Un dato no menos importante es que las
exportaciones de mercaderías a valor FOB (libre a bordo) también deberán utilizar este régimen cambiario oficial. Los fletes ganados por buques y aeronaves locales, los medios de transporte terrestres nacionales, los gastos de los mismos y el arrendamiento de espacios en puertos argentinos también se manejaran bajo el tipo de cambio oficial. Al ser operaciones de liquidación forzosas el exportador pierde la ocasión de percibir más pesos en el mercado doméstico a través del mercado libre de cambios.
* Para las importaciones el mecanismo sólo regirá para los solicitantes debidamente registrados. El tipo de cambio oficial se utilizará para las importaciones que posean intervención bancaria y/o financiadas a través de esta vía.
* El pago en concepto de compras de medicamentos y tratamientos médicos en el exterior por personas físicas, instituciones oficiales y ONG creadas para atender ese tipo de necesidades también se verán afectadas por el tipo de cambio de U$S 1 = $ 1,4.
Con todo esto, queda claro que el objetivo del gobierno con el control de capitales y la devaluación no es mejorar la balanza comercial per se, dado que el superávit comercial del 2001 rondará los U$S 5 mil millones, algo así como el 20% de las exportaciones (bajo tipo de cambio fijo); por lo que el control de cambios parece no tener base sólida en la idea de posibilitar una mejora en la balanza comercial. El superávit comercial, por efecto de la devaluación, aumentará.
La situación de las finanzas públicas es fundamental para el futuro del plan económico. Si el Estado no es capaz de mostrar que no va a necesitar una emisión monetaria superior a la mayor demanda de dinero que se produciría en el caso de que la baja en el gasto público haga caer la tasa de interés, las expectativas devaluatorias se trasladarían muy rápidamente al dólar libre, haciendo insostenible en el tiempo al presente plan.
Dado que el déficit fiscal durante el año 2001 sería superior a los $ 9 mil millones (un desvío de más de $ 2.500 millones de lo acordado con el FMI), el gobierno planea una reducción en el gasto público que se centraría en el no pago de intereses de la deuda por U$S 5 mil millones (que de no cumplirse las obligaciones del canje local, se tendría que reducir el gasto público en otros $ 6 mil millones) y una reducción de los gastos de funcionamiento del Estado en $ 3 mil millones, que incluye la disminución del 13% en los salarios de los empleados públicos y las jubilaciones. Esto reduciría bastante las necesidades de financiamiento para el 2002, si bien la recaudación impositiva caería por el deterioro del nivel de actividad, además de tener que enfrentar mayores gastos debido a que la devaluación implica un aumento de $ 1.600 millones en los pagos de intereses del tramo local del canje de títulos públicos.
Esto dejaría una suma de alrededor de $ 3 mil millones para poder equilibrar el presupuesto que en principio saldrían de la emisión de Lecops, debido a la negativa del gobierno a aumentar los impuestos. De esta forma, el incremento en la masa monetaria circulante arrojaría una inflación cercana al 10%, que repercutiría en la cotización del dólar libre en forma casi automática.
Balance
El efecto de la imposibilidad de retirar los depósitos a plazo podría poner en peligro el futuro de la estabilidad del plan económico, ya que si no se observan resultados positivos en el corto plazo, la gente podría llegar a temer una quita en sus ahorros.
Podría esperarse que la devaluación tenga un efecto positivo sobre la producción y el empleo, al menos en el mediano plazo. En el corto plazo la situación podría ser distinta debido a la incertidumbre reinante.
Debido a que la industria nacional de bienes intermedios se fue desmantelando a partir de 1976 y profundizándose desde 1991, la mayoría de los insumos son importados. Esto hace que la devaluación acarree costos importantes, tanto para exportadores de bienes industriales como para la producción para el mercado doméstico. Sin embargo, esto hará que cambien los incentivos hacia la producción doméstica de dichos insumos y generar un atractivo para la industria nacional.
Si se corrige el desequilibrio fiscal de los últimos años, las medidas heterodoxas -similares a las recomendaciones de Krugman para Malasia durante la crisis asiática- dispuestas por el ministro Remes Lenicov tendrían un efecto positivo, ya que permitirían ganar tiempo para realizar las reformas necesarias para recomponer la solvencia del Estado y con ello poder volver a las negociaciones de la deuda externa.
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