Editorial

Abigeato impune

La provincia de Santa Fe, según datos elaborados por el Senasa, es la tercera productora de ganado bovino en el país con casi el 14 por ciento del total de cabezas de la Argentina. Sin embargo, aunque los datos la ubican como una de las regiones más privilegiadas, también se caracteriza por el promedio tristemente célebre de ser una de las más afectadas por el robo de ganado.
Organizaciones de productores de la región han denunciado repetidamente que de cada cien robos de ganado quedan sin resolver noventa y nueve. Este fuerte cuestionamiento a los organismos de seguridad y control de la provincia por falta de seguimiento y prevención del abigeato los ha llevado a un absoluto descreimiento. Es que como están las cosas, tienen todo el derecho de dudar del accionar policial y de los organismos de control sanitario para atacar uno de los mayores problemas que tiene el sector.
Los cuatreros actúan con un grado de impunidad que asusta y desalienta a los productores. La falla en los controles hace pensar en la falta de una política coherente para que se tome en serio el área de Salud Pública, que tiene una responsabilidad indelegable en lo que hace a la inspección de productos de origen animal que provienen del abigeato y que pueden tener alto impacto en la salud de la población.
El daño que el robo de ganado inflige a los productores rurales es de tal magnitud que muchos criadores de carne vacuna optaron por abandonar la actividad frente al estado de indefensión e impotencia que sienten por la falta de respuestas por parte del Estado para combatir el abigeato.
En más de una oportunidad las denuncias apuntaron a autoridades policiales en aparentes maniobras de complicidad con las bandas de cuatreros. Pero increíblemente, las investigaciones acabaron siendo un modo de presión y aun de intimidación para los propios damnificados.
Los contribuyentes exigen más recorridos, mayor presencia del personal uniformado en las zonas rurales y una tarea de prevención eficiente. Esto no sólo contribuiría a poner fin a este flagelo, sino que serviría también para devolver a los productores la confianza perdida en las autoridades.