La República Argentina vive las horas mas dramáticas de su historia. Económicamente quebrada, políticamente dividida, sin clase dirigente confiable, sus ciudadanos sufrimos la desesperanza, inmersos en la pobreza creciente.
Cinco presidentes en muy pocos días son muestra palmaria de la dimensión de la crisis. La seguridad jurídica y el estado de derecho han pasado a ser conceptos abstractos y parecen propios de otras latitudes. El pueblo está sometido y ultrajado por la acción irresponsable y corrupta de quienes no han vacilado en dar el golpe final y tardío de quedarse con sus ahorros, privándolo del disfrute de muchos años de trabajo y privaciones.
Los vacíos discursos parlamentarios han pretendido atribuir el origen de la crisis tan luego a la convertibilidad, sin reconocer los años de prosperidad y crecimiento que vivimos gracias a ella, ni que sus parámetros fueron burdamente violados por los mismos hipócritas disertantes, al disponer un gasto público que creció al amparo de decisiones aberrantes.
Y llevándonos al "nuevo orden" que impone la ahora inevitable devaluación, pretenden convencernos que "ahora sí" podremos crecer, despreciando la denunciada alianza con el mundo financiero, y prohijando una nueva con el mundo de la producción, como si alguno de ellos fuera prescindible, o si la dependencia con el primero no hubiera sido consecuencia directa de la demanda incesante de fondos para solventar el referido crecimiento del gasto público.
No seríamos prudentes ni sensatos si no advirtiéramos la importancia de los valores que hemos perdido, esenciales para el normal funcionamiento de cualquier economía. Por ello, deben mencionarse para su adecuada ponderación. ¿Tenemos ahora una mejor moneda que en la convertibilidad? Ciertamente, no. No sabemos cuánto vale un peso. Si 70, 60, ó 50 centavos de dólar. ¿Tenemos confianza los argentinos en nuestro propio sistema bancario ó financiero? Ciertamente, no. A menos de sesenta días de la sanción de la ley de intangibilidad de los Depósitos, estentóreamente sancionada y anunciada, todo el ahorro público argentino está en el "corralito", cual si estuviera embargado. ¿No hay responsables mas allá de Cavallo, De la Rúa, y otros pocos? Claro que sí. ¿Rige la Justicia en Argentina? Ciertamente, no. Los delincuentes andan sueltos, y no precisamente los ladrones de gallinas. Hasta la Suprema Corte de Justicia ha dejado de reconocer los más elementales derechos constitucionales, como el de propiedad. ¿Puede una economía funcionar sin crédito? Ciertamente, no. Y es lo que ocurre. Los bancos han sido obligados a la pesificación de sus créditos hipotecarios y prendarios hasta los u$s 100.000. No obstante, también están obligados a devolver los dólares que ha depositado en ellos la gente. Pregunta: ¿quién paga la diferencia?
Obviamente, tarde o temprano, seremos nosotros, los argentinos. No otros. ¿Con qué?... ¡Ah!, no se sabe. El impuesto a la exportación de hidrocarburos no será suficiente.
¿Se devolverá a los ahorristas sus ahorros? En este contexto, difícil e improbable.
Pero entonces, ¿no tenemos salida?. Sí, pero por "otra puerta". Por la puerta de "La Verdad". No otra.
Y la verdad pasa por:
a) Reconocer que no ha sido la convertibilidad la que nos llevó a este estado de cosas, sino la degradación institucional a que ha sido sometida la República durante muchos años, por una clase política mayoritariamente inepta y corrupta, que no supo, no quiso o no pudo practicar una genuina democracia, y que permitió que el latrocinio y el negociado pasen a ser moneda corriente en la administración del Estado.
b) La formulación de un presupuesto plurianual, por varios años, que contemple un riguroso equilibrio fiscal que asegure adecuadamente la solvencia sostenida del Estado.
c) Una profunda reforma del Estado, que modernice sus estructuras elefantiásicas y que termine definitivamente con el impúdico gasto político, contemplando en todos los casos el financiamiento de la contención social necesaria para paliar los efectos de las inevitables exclusiones de personal, que hoy reviste en cantidad groseramente sobrante. d) La absoluta independencia de poderes, como forma de asegurar la colectiva sujeción a la ley, la plena vigencia del estado de derecho, y con él, la seguridad jurídica, factor condicionante de toda inversión, nacional o extranjera. e) La consagración de la auténtica responsabilidad e independencia del Banco Central para el manejo del valor de nuestra moneda, limitando su emisión cuando ella pueda ser origen de tendencias inflacionarias. f) Procurar acuerdos internacionales que complementen la buscada seguridad jurídica, con la eventual jurisdicción de tribunales -como la Corte de La Haya-, con miras a asegurar los derechos que correspondan a toda persona física o jurídica que contrate con Argentina, sea nacional o extranjero. Este sería el más duro reconocimiento a nuestra pérdida de credibilidad en el mundo, para lo cual hemos hecho todo lo que había que hacer para que nadie confíe en nuestro país. Y esto es directamente letal. g) Refundar la República y consolidar su concepto, a partir de la adopción de sistemas electorales que aseguren la genuina representación ciudadana. h) En este contexto, no en otro, solicitar ayuda internacional, tanto para refinanciar a muy largo plazo nuestra deuda externa, como para recrear el mercado financiero suficiente, que sin el concurso del Estado, opere competitivamente, tal como lo hace en el mundo entero, ayudando a la producción y al desarrollo económico de los paises.
Sólo cumpliendo estas condiciones Argentina resurgirá rápidamente, recibirá inversiones, volverán los capitales argentinos, y luego, también los extranjeros. Porque seremos creíbles.
Solo así habrá empresa y emprendimientos. Solo así habrá trabajo. Solo así disminuirá la desocupación. Solo así habrá más bienestar y podrá haber prosperidad. Y con todo ello, paz.
La Ciudad
