El proyecto de ley de emergencia pública, que deroga la convertibilidad uno a uno y establece la pesificación de las deudas con el sector financiero hasta un tope de cien mil pesos, estaba a punto de completar su primer paso en el Congreso. A la madrugada, la Cámara de Diputados votó en general el nuevo texto enviado por el Ejecutivo, que incluía entre otros puntos la suspensión de los despidos por 90 días. Los legisladores se aprestaban a tratarla en particular. El Senado sesionará hoy, y es muy probable que no incluya modificaciones.
Aunque algunos detalles del proyecto seguían siendo negociados mientras los diputados se enfrascaban en largos discursos, el gobierno esperaba confiado que los acuerdos tejidos entre la mayoría del justicialismo, el radicalismo y el Frepaso permitiera obtener sin sobresaltos la media sanción de la iniciativa. Uno de los puntos que más generó discusión es el otorgamiento de poderes especiales al presidente Eduardo Duhalde para manejar el tipo de cambio y para instrumentar todo tipo de medidas. De cumplirse los plazos previstos por los hombres del Ejecutivo, el Senado aprobará en la sesión de hoy la ley que habilita a la devaluación de la moneda, por primera vez en 11 años.
Tras reformar el borrador que hizo circular el viernes por el Congreso, y en el medio de u na fuerte pelea con las empresas de servicios y el sector financiero, el gobierno envió ayer un nuevo texto de ley de emergencia pública, al que se incluyó a último momento el "per saltum" para neutralizar una posible racha de demandas.
Apremiados por ponerle fin a una situación de incertidumbre que ya lleva dos semanas de feriados cambiarios y bancarios alternados, el presidente Eduardo Duhalde y el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, buscan una rápida aprobación de la ley para iniciar una serie de contactos internacionales, a los efectos de conseguir asistencia financiera.
Al respecto, se prevé que, aprobada la ley una misión del gobierno argentino se traslade a Washington para entrevistarse con las autoridades del Fondo.
Superpoderes
Con la ley aprobada, Duhalde quedará facultado por el resto de su mandato a establecer la paridad entre el peso y el dólar oficial, así como modificarla cuantas veces lo considere necesario.
La ley también establece la pesificación de las deudas bancarias de hasta cien mil dólares por créditos hipotecarios, prendarios, personales y de pymes, así como la pesificación parcial hasta cien mil dólares de créditos para pymes e hipotecarios para vivienda familiar y única de montos superiores a esa suma.
Para compensar a los bancos por las pérdidas que pudiera ocasionar esa pesificación, el Poder Ejecutivo podrá emitir un bono garantizado con recursos de derechos a la exportación de hidrocarburos.
La iniciativa no da definiciones sobre el valor del tipo de cambio, aunque el propósito gubernamental es el de fijar mediante decretos una paridad oficial cercana a 1,40 peso por dólar, lo que representa una devaluación del 28,6 por ciento.
La iniciativa no deroga completamente la ley de convertibilidad (elimina algunos artículos y modifica otros) a los efectos de preservar la inembargabilidad de las reservas, una disposición fundamental en momentos en que la Argentina se encuentra en cesación de pagos.
Por otra parte, no se especifica cuándo ni cómo se dejarán sin efecto las restricciones del "corralito" bancario. Por el contrario, se dispone la suspensión por 90 días (en la primera versión eran 180) de la ley que dejaba sin efecto las restricciones al retiro de dinero de trabajadores y jubilados.Asimismo, se suspende por dos años -o hasta que finalice el "corralito"- la ley de intangibilidad de los depósitos, que impide, entre otras cosas, reprogramar vencimientos de plazos fijos.
Los saldos de las tarjetas de crédito o débito por consumos realizados en el país "serán consignados en pesos y pagaderos en pesos", tanto los futuros como "los pendientes de pago a la fecha de la promulgación de la presente ley".También se dispone la desdolarización de los contratos que el sector público realice con particulares, con lo que quedan sin efecto las cláusulas indexatorias en base dólar. Al respecto, el PE podrá renegociar los contratos dolarizados, entre los que se cuentan la mayoría de los servicios públicos.
Las obligaciones entre particulares no vinculadas al sistema financiero se pesificarán por 180 días y después de ese plazo las partes podrán renegociar las pautas de los contratos. Esta disposición abarca principalmente alquileres de inmuebles, servicios educativos y de salud prepagos y telefonía celular.
El debate en la Cámara fue agitado. El acuerdo celebrado entre el justicialismo, el radicalismo y el Frepaso aliancista no pudo sumar nuevos aliados ya que el ARI, los partidos provinciales, el Frepaso disidente, el Partido Socialista Popular, el Polo Social, el Frente para el Cambio, Izquierda Unida, y Autodeterminación y Libertad anunciaron que votarán en contra.
También confirmaron su oposición los diputados justicialistas que responden al ex presidente Rodríguez Saá, y diputados que responden a Carlos Menem, quien se pronunció contra la devaluación e insistió en su propuesta de la dolarización.
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge Matzkin, quien hace once años tuvo la misión de defender la convertibilidad, ahora sostuvo el proyecto que le pone fin y advirtió que "si no se toma esta medida el mercado nos llevará de la ceja".
La Ciudad
