Eduardo Duhalde siempre anheló llegar a la presidencia de la Nación. Pero jamás imaginó que su sueño se concretaría con una Argentina quebrada en materia política, económica y social.
Sus primeros pasos fueron con mucha prudencia, como quien trata de mantenerse en la superficie para atravesar arenas movedizas.
El primer complejo movimiento que tuvo que dar Duhalde se centró en organizar un gabinete nacional, donde estuvieran representados los partidos que lo llevaron al poder. Esto es, una amplia mayoría peronista y delegados del radicalismo y el Frepaso.
Cerrar las heridas abiertas entre los gobernadores de su propio partido no le resultó fácil a Duhalde, cuyo comportamiento en las disputas internas del PJ muchas veces generó malestar y recelo entre los mandatarios de las provincias grandes (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) y las denominadas "chicas" del Frente Federal.
El delicado equilibrio que logró con José Manuel de la Sota y Carlos Reutemann contrastó frente al pacto sellado con Carlos Ruckauf, quien dejó una provincia en grave estado, en manos de su vicegobernador Felipe Solá, para pasar a comandar la política exterior de la Argentina, una de sus viejas aspiraciones políticas.
Con el fin de no cometer los errores en la Rosada de Adolfo Rodríguez Saá, Duhalde trata de imponer a su gestión muy poco del clásico folklore peronista y mucho de nuevas alianza a favor de la producción y el trabajo.
La opción
Frente a un país sin crédito, con una asfixiante recesión, una desocupación récord y con peligrosos focos de estallido social, el bonaerense debió optar por la salida que sus hombres de confianza le aconsejaban: firmar el certificado de defunción de la convertibilidad y dejar definitivamente de lado la famosa relación "uno a uno" entre el peso y el dólar.
Paralelamente, el presidente decidió lanzarse en busca de una "tregua social", que ponga fin a la moda de la protesta mediante cacerolazos y movilizaciones de la clase media.
Para eso, apuntó a los bancos. A buscar una salida al "corralito" que Domingo Cavallo había creado para inmovilizar los sueldos y otros depósitos bancarios.
Con la devaluación en marcha, también aparecían otras prioridades, como darles una solución a las deudas hipotecarias en dólares de los argentinos, garantizar que quienes tienen depositados dólares reciban dólares y asegurar que el pago de las tarifas públicas se rijan en el futuro por el peso y no por esa moneda extranjera.
En su alianza con la sociedad y la industria nacional, Duhalde se ganó peligrosos enemigos: los bancos y las empresas de servicios públicos privatizados, que comenzaron a ejercer una fuerte presión sobre el poder político.
Esa misma presión, sumada a la de las empresas exportadoras de petróleo (sobre todo Repsol-YPF) que no estaban dispuestas a compensar con un impuesto el 1 a 1 para las deudas hipotecarias, generó en la noche del viernes trabas para el envío al Congreso de la denominada ley ómnibus, con las nuevas medidas económicas.
Un capítulo especial de negociación también merecieron los superpoderes especiales que Duhalde reclamaba al Congreso para los dos años de su gobierno, con el fin de poder fijar el valor entre el peso y el dólar.
Después de todo, los peronistas habían resistido en su momento los superpoderes para Fernando de la Rúa que finalmente terminaron en manos de Cavallo.
El radicalismo y el Frepaso se mostraron partidarios de acompañar la ley siempre que esta significara una protección para los ahorristas y deudores hipotecarios y una reactivación de la industria nacional.
Duhalde está decidido a poner fin a la alianza que el poder político tejió con el poder financiero durante los gobierno de Menem y De la Rúa.
Pero el costo no será menor
Sabe que los bancos tienen herramientas poderosas para utilizar como elementos de presión y que las empresas privatizadas agitarán la bandera de las demandas judiciales para defender sus intereses.
Por otra parte, los efectos de la devaluación ya comenzaron a golpear en los precios de productos esenciales de la canasta familiar.
El ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, debió abrir una delicada negociación con los bancos y las privatizadas para hacer realidad la ley de "emergencia pública y de reforma del régimen cambiario".
Mientras tanto, desde el exterior llegan las señales de respaldo hacia el nuevo gobierno de la Argentina. Un respaldo que, por ahora, significa sólo palabras y nada de dinero.
Primero quieren ver un programa económico "sustentable", como han decidido llamarlo, y luego se sentarán a negociar con Remes Lenicov.
Así lo hicieron saber desde el FMI y el gobierno de los Estados Unidos.
Quizás la relación más compleja sea con el gobierno español de José María Aznar, que no deja de presionar para mantener los beneficios de las empresas con capitales hispanos en la Argentina.
Más allá de los intereses de unos y otros, lo cierto es que un nuevo modelo se instalará en el país. Y no hay margen para más errores.
La Ciudad
