Servicios: un fallo ordena postergar los vencimientos

La Justicia de Capital Federal resolvió ayer postergar por veinte días corridos los vencimientos de las facturas de servicios públicos por la gran cantidad de problemas para operar con los bancos, al entender que "los consumidores y usuarios tienen derecho en relación al consumo, a la protección de sus intereses económicos y a condiciones de trato equitativo y digno".
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó un fallo de primera instancia que rechazaba un planteo del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, e hizo lugar a una medida cautelar para que se posterguen los vencimientos de las facturas de los servicios públicos.
Eso quiere decir que, según este fallo, los usuarios podrán pagar con una demora de hasta 20 días -de la primer fecha de cada vencimiento- y sin recargo las cuentas de los servicios públicos.
"Porque los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en relación al consumo, a la protección de sus intereses económicos y a condiciones de mediados de diciembre último, el Defensor del Pueblo había presentado un recurso para pedir la prórroga "por única vez" en el pago de facturas de servicios públicos por los graves problemas para operar en los bancos.
Pero el juez nacional de primera instancia número 4, Marcelo Wathelet, rechazó la solicitud por entender que no se había planteado "el perjuicio puntual que lesionaba el derecho de los habitantes del país" y porque no se había "acreditado que persona alguna se haya visto impedida de efectuar el pago de las facturas".
Mondino, entonces, apeló la resolución, al subrayar "el sinnúmero de dificultades al conjunto de la ciudadanía" en medio de "en un clima enrarecido por las deudas sobre el futuro de la economía", y donde las entidades crediticias estuvieron varias veces "con feriados bancarios y sin clearing".
A raíz de ello, los jueces Eduardo Vocos Conesa y Martín Farrell, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, decidieron legitimar el rol del Defensor del Pueblo y remarcaron las restricciones dispuestas por el Ejecutivo para retirar dinero.
"Estas medidas, independientemente de lo atinente a su legitimidad, implicaron en los hechos una imposición para todos los ciudadanos de contar, como regla, con una caja de ahorros o una cuenta corriente para poder afrontar en cierta medida el pago de sus obligaciones", entendieron.Los camaristas también evaluaron que "las entidades bancarias no logran cubrir en tiempo y forma adecuada el enorme caudal de demanda de la ciudadanía".