Luego de un sangriento motín en una prisión brasileña que dejó 27 muertos como saldo, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso instó ayer a realizar una reforma profunda del sistema penitenciario del estado amazónico de Rondonia.
La secretaria nacional de Justicia, Elizabeth Sussekind, visitó ayer el centro penal de Urso Branco, en la ciudad de Porto Velho, a 2.700 kilómetros al noroeste de San Pablo. Su propósito era impulsar las reformas, tras una de las más graves crisis penitenciarias en Brasil.
La funcionaria advirtió que la situación penitenciaria del estado fronterizo con Bolivia es crítica y que sólo podrá ser enfrentada con medidas inmediatas.
El amotinamiento comenzó el 2 de enero -tras un fallido intento de fuga ocurrido aquella noche- cuando según las autoridades se enfrentaron dos bandas rivales de presos armados, quienes tomaron control de la cárcel e impidieron la entrada de las autoridades.
Cuando la policía logró entrar a la penitenciaría en horas de la tarde del miércoles, encontraron que había 27 internos muertos.
Fuentes del Ministerio de Justicia de Brasil indicaron que en noviembre, antes de la rebelión, la dependencia había enviado un informe en el que reclamó "medidas urgentes para la reestructuración del sistema penitenciario del estado".
La visita de Sussekind, acompañada por el director del Departamento Penitenciario Nacional, Angelo Roncalli, y un ingeniero de esa dependencia, constató la falta de médicos, enfermeros, psicólogos, asistentes sociales y medicamentos en la sobrepoblada cárcel.
Asimismo, verificó graves deficiencias de infraestructura, como falta de agua potable, condiciones poco higiénicas y túneles entre las celdas. También constató que carecía de datos actualizados sobre los presos y sus condenas.
Medios de prensa en Porto Velho indicaron que la prisión de Urso Branco fue escenario de numerosos conflictos por sus condiciones precarias, ya que que alberga 900 prisioneros en un espacio destinado a 360 personas.
Ante ello, el Ministerio destinó 1.650.00O dólares al estado para la construcción de dos nuevos centros penitenciarios, cada uno de ellos con capacidad para 120 internos, que deberán estar concluidos en los próximos tres meses. (Reuters)
| |
La Ciudad
