Un estudio realizado por los técnicos de la Fundación Fortalecer, vinculada a la Federación Agraria Argentina (FAA), señaló que en los dos últimos años, el sector agropecuario transfirió 900 millones de pesos al Estado en concepto de aumentos impositivos. El informe, que repasa el impacto de la gestión de De la Rúa en el campo, indica que en ese lapso se agravó de la situación de los pequeños y medianos productores."Las tendencias de la última década en el sector agropecuario argentino, expresadas en la pérdida de rentabilidad, endeudamiento y desprotección ante los riesgos de mercados y meteorológicos continuaron" durante la anterior gestión, "profundizando los niveles de pobreza, marginación y expulsión de los pequeños y medianos productores, en paralelo a un sostenido proceso de concentración de la riqueza", señala el informe.
Allí se destaca, también, que "a pesar de las expectativas generadas por las promesas preelectorales y los programas públicos anunciados para respaldar a las pymes agropecuarias, las acciones llevadas a cabo por la administración De la Rúa en los dos años de su gestión sólo sirvieron para profundizar sus aspectos negativos".
Los técnicos de Fortalecer explican que la unidad económica de la zona agrícola núcleo de la región pampeana tuvo una medida de 210,35 ha, entre 1992 y 2001. Esta ha variado desde 91,68 ha en el año 1996, caracterizado por precios internacionales de granos excepcionales, hasta 335,55 en la depresión de precios del 2001".
"Durante los últimos dos años, diversos factores confluyeron a profundizar los niveles de escala mínimos requeridos para una explotación viable. De ellos destacamos dos: disminución del precio de los bienes agropecuarios y aumento del costo de algunos insumos claves como el gasoil", agregan. En el primer caso, "donde las acciones gubernamentales tienen que ver en forma indirecta, más por omisión que por acción", los precios de los principales productos agropecuarios disminuyeron a los valores más bajos percibidos en la década, tanto para los productores de granos, cerdos, carne bovina y leche.
"Entre los efectos de estas omisiones no puede dejar de mencionarse el cierre de los mercados internacionales para la carne argentina, a causa de la reaparición de la aftosa, por la actitud negligente y la inacción de los organismos competentes. Así como la falta de las obras y previsiones necesarias para el caso de las inundaciones, que sólo en la provincia de Buenos Aires han generado pérdidas estimadas en 700 millones de dólares durante el último año", indica el informe.
En el segundo caso, destaca que el aumento del precio del gasoil aumentó los costos de producción y "dejó totalmente inviables las posibilidades de producción de ciertos productos, como el arroz con riego artificial".
"En diciembre de 1999, cuando se inicia el mandato de Fernando de la Rúa, el precio del gasoil era de 0,45 pesos por litro. Dos años después, el mismo asciende a 0,62 pesos, reflejando un incremento del 38% en su valor. La explicación de esta suba responde al incremento de los impuestos que tiene el precio del combustible. Esto significó la transferencia de 900 millones de pesos de los productores al Estado nacional en los últimos dos años", indicó.
El impacto
Hacia fines del año 1999, informes oficiales estimaban que los productores agropecuarios argentinos registraban un endeudamiento cercano a los 6 mil millones de dólares con el sistema financiero, de los cuales alrededor del 60/70% registraba co la banca oficial. A ello se agregaba una deuda comercial con las empresas de provisión de insumos, estimada en alrededor de 3 mil millones de dólares.
"El nivel de endeudamiento del sector no indica un problema en sí mismo, ya que demuestra que existe disponibilidad de crédito, una herramienta fundamental para el desarrollo de las empresas, y que el mismo es accesible para un determinado número o nivel de productores agropecuarios. En cambio, el termómetro que mide la gravedad de la situación es el índice de morosidad o incumplimiento que existe sobre el nivel de endeudamiento, ya que es el que advierte sobre el surgimiento de problemas en determinadas actividades, regiones o segmentos de productores para el pago de las deudas contraídas", recuerda el estudio.
El índice de morosidad de la cartera agropecuaria, de acuerdo a la información de Finagro, se ubicaba en alrededor del 29% en 1990, bajó al 22% en 1993, subió por el efecto tequila al 30% en 1995 y cayó al nivel más bajo registrado en los últimos años (20%) en 1998, en forma coincidente con el efecto de los excepcionales precios agrícolas internacionales. De allí en más retomó una tendencia creciente, paralelamente a una disrrupción de la cadena de pagos en el sector, y exigió el lanzamiento de planes de refinanciamiento excepcionales a comienzos del 2000, cuando el índice alcanzó el 26% de la cartera.
La gente de Fortalecer recordó que "el Nación puso en marcha en febrero del año 2000 un programa de refinanciamiento de deudas impagas, por 1.800 millones de dólares, destinado a 23 mil productores en situación irregular". Un monto significativo "si se tiene en cuenta que representa el 65% del monto de los préstamos que el banco tenía concedidos al sector primario para 1999". Tomaron esta refinanciación unos 17 mil productores. A mediados de 2001, sólo 4 mil de ellos habían podido cumplir con los compromisos asumidos en la refinanciación. "Los restantes habían caído nuevamente en una situación de incumplimiento, paralelamente a un crecimiento exponencial de los índices de mora del banco en su cartera agropecuaria (muy superior al 30%)", indican.
Ante este panorama, "las tendencias a la desaparición de pequeños y medianos productores de la estructura agraria argentina haya continuado, acrecentando el 30% en promedio que distintos estudios han estimado para la última década. Esto es nada más y nada menos que 100 mil familias de productores que ya no lo son", señala el trabajo, y concluye: "Como se ha podido comprobar, los dos años de la administración De la Rúa, no han sido nada, nada bueno, para los pequeños y medianos productores argentinos".