La derogación de la ley ley de reforma laboral anunciada por el presidente Adolfo Rodríguez Saá sería impulsada por el justicialismo en la Cámara alta a través de una iniciativa presentada por la senadora santacruceña Cristina Fernández de Kirchner.
Fuentes parlamentarias aseguraron que la anulación de la controvertida ley 25.250, que fue sancionada en mayo del 2000 y originó un escándalo por presuntos sobornos para su aprobación, sería canalizada por el Senado, el cuerpo ahora renovado sobre el que se había colocado el centro de la polémica.
Tanto en la Cámara alta como en Diputados el justicialismo da por descontado que la propuesta de derogación cosechará los votos suficientes para proceder en consonancia con el anuncio realizado por Rodríguez Saá en su visita realizada anteayer a los líderes cegetistas Rodolfo Daer y Hugo Moyano en la la sede de Azopardo.
Si bien el proyecto de Fernández de Kirchner cuenta con un solo artículo -que dispone la anulación de la polémica norma-, lo cierto es que la senadora se explayó en las fundamentaciones de la iniciativa, que fue la primera que presentó cuando ocupó su banca en la Cámara alta, el 10 de diciembre pasado.
En este sentido, en su argumentación del proyecto, la senadora santacruceña afirma que el entonces gobierno nacional, en manos del aliancista Fernando de la Rúa, habría cedido "frente a la presión de las grandes organizaciones empresariales-financieras y los organismos multilaterales de crédito".
"Las distintas reformas laborales flexibilizadoras no sólo no lograron cumplir su equivocado argumento, aumentar el empleo, sino que colaboraron a que el empleo existente disminuya y se precarice, lo cual se verifica con pequeños pero no menores cambios en la vida de nuestra población", señala.
En lo que hace a los aspectos jurídicos de la norma, la iniciativa de Fernández de Kirchner que trataría el Senado detalla "los puntos más perjudiciales para trabajadores como el período de prueba, la eliminación de los convenios colectivos de trabajo y la restricción del derecho a huelga".
Una sanción a cualquier precio
Además, sostiene que la sanción de la ley habría requerido de la connivencia de distintos actores sociales, "entre ellos un gobierno con cuestionada gobernabilidad y, por ende, con la urgente necesidad de emitir señales tanto hacia el sector interno como al externo, a cualquier precio".\En tanto, en lo referente a la Cámara de Diputados, el bonaerense Alfredo Atanasof coincidió con la necesidad de impulsar la derogación de la reforma laboral y aseguró que, más allá de los cuestionamientos políticos a la norma, "existen argumentaciones jurídicas" que justifican una eventual anulación de la ley.\De acuerdo con lo señalado por fuentes legislativas, la derogación de la reforma laboral sería tratada en primera instancia en el Senado en las próximas semanas, para que luego pase a consideración de Diputados, donde quedaría efectivizada la anulación.\La sanción en mayo de 2000 de la ley laboral motivó una interminable polémica luego de que el sindicalista Hugo Moyano atribuyera a el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, la frase: "Para los senadores tengo la Banelco".
La Ciudad
