Editorial

Jubilaciones de privilegio

El presidente Adolfo Rodríguez Saá acaba de anunciar que enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer un tope a las jubilaciones conocidas como de privilegio porque sus beneficiarios, en muchos casos, han conseguido una retribución previsional del Estado sin haber hecho los aportes que hubiera requerido cualquier otro ciudadano.
No sólo los privilegios se refieren a la poca cantidad de años de aportes de ex funcionarios sino al monto de la jubilación, que superan en algunos casos en decenas de veces el monto del haber mínimo.
Todos los gobiernos, sin excepción, han repudiado más de una vez este increíble beneficio que favorece a muy pocas personas. Esta vez parece que la cosa va en serio o al menos eso es lo que pretende hacer la flamante gestión del ex gobernador de San Luis.
Un monto máximo del 82 por ciento de los 3.000 pesos que percibe como sueldo el presidente (es decir, un neto de 2.460 pesos) sería lo máximo que pagaría el Estado nacional a la clase pasiva. En épocas de crisis no aparece como una mala remuneración, sobre todo si se está estudiando aumentar el sueldo mínimo a 450 pesos.
La nueva adecuación salarial de las jubilaciones de privilegio, si el Congreso lo aprueba, debería hacerse extensiva también a las cajas provinciales. En Santa Fe, por ejemplo, el déficit del sistema previsional asciende a unos 100 millones de pesos anuales, causado en gran medida por altísimos haberes que nunca ha sido posible rebajar. El gobernador Reutemann tiene ahora una oportunidad histórica para sumarse a la intención del presidente de terminar con esta situación y destinar esos recursos para otros fines sociales. Idéntica situación es la de la caja de pasivos municipales, si es que existen haberes superiores a la cifra tope que se pretende imponer por ley de la Nación.
No estaría del todo mal que, por otra parte, el Poder Judicial de la Nación y los de las provincias adopten la misma escala salarial que estableció el Poder Ejecutivo. En estas horas de profunda crisis la austeridad y una mejor distribución de los ingresos públicos es aconsejable.
Todos saben que sólo con esta iniciativa de poda salarial en sueldos y jubilaciones del Estado no se solucionan los problemas de la Argentina. Pero es una señal de humildad y compromiso con los que sufren las graves consecuencias de un país al que se lo intenta rescatar del abismo.