El gobierno nacional derogó los superpoderes que tuvo Cavallo

El gobierno derogó ayer los superpoderes que el Congreso de la Nación le había otorgado el pasado mes de marzo al ex jefe del Estado Fernando de la Rúa para hacer frente a la emergencia económica. Así lo informó hoy el secretario general de la Presidencia, Luis Luquiños, quien indicó: "Acabamos de derogar esas facultades especiales. Por lo tanto, las facultades legislativas, a partir del día de la fecha, recaen en quien nunca debió perderlas: el Parlamento argentino".
Los superpoderes habilitaron a De la Rúa y a su ministro de Economía, Domingo Cavallo, a llevar adelante medidas sin tener que pasar por el Congreso, lo que le permitía acelerar los tiempos de concreción de las iniciativas.
En declaraciones a la prensa, Luquiños destacó que la derogación se sustentó "consecuente con la posición que siempre había adoptado el justicialismo, y que se expresara en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación en ocasión del tratamiento de la derogación de facultades legislativas que se le delegaron al presidente de la Nación". De esta forma, el presidente Adolfo Rodríguez Saá promulgó la derogación sancionada por el Congreso nacional el 20 del corriente, bajo el número 25.556.

Los alcances de la norma
Los superpoderes -ley 25.414 sancionada por el Congreso el 29 de marzo de 2001- facultaban al Ejecutivo hasta el primero de marzo de 2002 para crear o eliminar exenciones, disminuir tributos y tasas para mejorar la competitividad de sectores y regiones, modificar procedimientos aduaneros, tributarios o de recaudación previsional para "mejorar la recaudación, reducir la evasión y evitar el contrabando".
También autorizaban al Ejecutivo a "dar continuidad a la desregulación económica derogando o modificando normas de rango legislativo de orden nacional sólo en caso de que perjudiquen la competitividad de la economía, exceptuando toda derogación, modificación y suspensión de la ley de convertibilidad", y de los códigos Civil, de Minería y Comercio. Además permitían "decidir la fusión o centralización de entes autárquicos o la descentralización de organismos pudiendo otorgarles autarquía", y modificar la Ley de Ministerios. También "desregular y mejorar el funcionamiento y transparencia del mercado de capitales y seguros, garantizando el control del sector".