El ex presidente Fernando de la Rúa presentó ayer un escrito a la jueza federal María Servini de Cubría mediante el cual negó haber ordenado la feroz represión a manifestantes que tuvo lugar el jueves último en Plaza de Mayo, pero la Fiscalía analiza la posibilidad de pedir la indagatoria del ex mandatario, bajo cargos de homicidio.
La información fue suministrada por fuentes judiciales que dijeron que De la Rúa rechazó toda responsabilidad en los ocho asesinatos cometidos en los operativos que se sucedieron en la jornada en que presentó la renuncia a la Presidencia de la Nación.
En realidad, el radical se limitó a repetir las palabras que pronunció el viernes antes de dejar la Casa Rosada, cuando dijo a la prensa que no fue responsable de los crímenes que enlutaron sus últimas horas como jefe del Estado.
Por orden de la jueza Servini, ayer fueron allanadas dependencias del servicio de emergencias Same, donde fueron secuestrados los registros de los traslados de pacientes a la red de hospitales porteños, efectuados el último jueves.
Además, hubo procedimientos en la sede de la Policía Montada, donde los investigadores buscaron sin éxito los "látigos" y otros elementos con los que varios testigos dijeron haber sido castigados el jueves mientras efectivos reprimían, a caballo, a las personas que se habían congregado frente a la Casa de Gobierno.
También el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov presentó un escrito ante Servini para deslindar responsabilidades.
Sin embargo, los fiscales federales Luis Comparatore y Patricio Evers preparan una batería de medidas de prueba que en las próximas horas reclamarán a la juez, y que incluiría las primeras indagatorias a los ex funcionarios.
Los cargos
El ex presidente De la Rúa tiene prohibido abandonar el país en virtud de los cargos que afronta en la causa que instruye Servini: homicidio, lesiones, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad. También se investiga si fue ilícito el decreto mediante el cual el entonces mandatario declaró el estado de sitio en el país, poco antes de dimitir en medio de una revuelta social.
Durante la jornada, Servini y los fiscales interrogaron a decenas de testigos. Entre ellos figuraron víctimas de los incidentes, periodistas y manifestantes.
Pero los investigadores todavía ignoran quién comandó los operativos.
El abogado y ex camarista federal Jorge Valerga Aráoz, que patrocina a Mathov, habría dicho frente a la jueza que fue el propio De la Rúa quien dio instrucciones para desalojar la plaza.
Y entre la información que reunieron los investigadores constarían otros testimonios que señalan que el entonces presidente dispuso el jueves que debía conseguirse el pleno acatamiento del estado de sitio, por lo que habría ordenado liberar las inmediaciones de la Casa Rosada aun cuando la jueza Servini ya le había hecho saber que debía cesar la represión sin demora.
Mathov debió presentarse ante Servini en plena medianoche del jueves, cuando De la Rúa había presentado la renuncia. Entonces dijo ser ajeno a los hechos y ahora, mientras su abogado habría culpado al ex presidente, él habría descargado responsabilidades en el ex jefe de la Policía Federal, el comisario Rubén Santos.
Los acusados
De la Rúa, Mathov, Santos y el ex ministro del Interior Ramón Mestre afrontan las acusaciones de la fiscalía por los asesinatos de la semana pasada. Y en las próximas horas se conocerían los primeros pedidos de indagatoria.
Otros testigos sindicaron como jefe de los operativos al comisario Jorge Palacios, jefe de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal. Pero los investigadores creen que, en realidad, esa acusación "puede obedecer a una interna policial".
Tanto la jueza como los fiscales han manifestado su sorpresa porque algunas de las víctimas presentaron disparos de arma de fuego en pleno pecho, "lo que indica que directamente pudieron haber sido fusiladas", explicó una fuente con acceso al expediente que mantiene a De la Rúa sin posibilidad alguna de dejar el país.
La Ciudad
