La posibilidad de extraditar a ex represores de la última dictadura reclamados por tribunales de europeos aparece como una posibilidad cierta con la asunción del nuevo gobierno argentino según lo adelantó la Secretaría de Justicia. De esta forma quedaría sin efecto el decreto firmado por el ex presidente Fernando de la Rúa que trababa los pedidos internacionales de extradición de ex represores acusados de genocidio y violaciones a los derechos humanos recibidos desde España, Francia o Alemania, entre otros países, con el argumento de que violaban el derecho de territorialidad.
De habilitarse la extradición, varias decenas de hombres que tuvieron distintos grados de participación durante la ex dictadura militar podrían ser juzgados en el exterior. Entre ellos se encuentran el ex capitán Alfredo Astiz, Jorge Rafael Videla, Leopoldo Galtieri, Emilio Eduardo Massera, Guillermo Suárez Mason, Antonio Bussi y el santafesino ex juez Víctor Brusa, todos ellos con arresto pedido por el juez español Baltasar Garzón.
Pero la alternativa de que los ex represores sean juzgados fuera de los límites del país se convertirá sin dudas en un tema controversial. En rigor, ya desató el primer "desencuentro" en el seno del nuevo gobierno porque la Cancillería relativizó tal posibilidad.
El flamante secretario de Justicia, Alberto Zuppi, aseguró que el gobierno adoptará como criterio "entregar o juzgar" a quienes sean reclamados por tribunales extranjeros por violaciones a los derechos humanos, porque la postura asumida por la administración anterior "es algo que hay que corregir".
Pero poco después, el canciller José María Vernet, a cargo del Ministerio de Defensa, eludió confirmar o rechazar tal decisión, e inclusive señaló que las Fuerzas Armadas -cuyos jefes fueron confirmados en sus cargos-, evaluarán la situación y darán una respuesta "conjunta" al presidente Adolfo Rodríguez Saá.
"Las posiciones están todas abiertas", prologó Vernet cuando se le preguntó si, tal como el secretario de Justicia, Alberto Zuppi, se iba a derogar ese decreto firmado en los últimos días de la gestión de Fernando de la Rúa.
El 17 de diciembre, tres días antes de la renuncia de De la Rúa, el gobierno saliente firmó el decreto 1.581 que estableció que la Cancillería argentina rechazaría los pedidos de extradición porque "son hechos ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional". El principio de territorialidad determina justamente que los presuntos delitos cometidos en el país deben ser juzgados por la justicia local.
Contradiciendo esa postura, Zuppi precisó ayer que "hay un principio de derecho internacional que es entregar o juzgar. Si no estamos dispuestos a entregar a las personas requeridas, tenemos la obligación internacional de juzgarlas; es un principio obligatorio, lo hemos aceptado pero no lo llevamos a la práctica, de modo que son temas que hay que poner en movimiento".
Pero Vernet, en tono mesurado y cuidándose de no exponer públicamente las primeras diferencias de criterio en un gabinete heterogéneo como el que formó Rodríguez Saá, sostuvo que una decisión de esa naturaleza "necesita elaboración y negociación. La negociación ha sido realizada y las Fuerzas Armadas y todos los organismos darán su opinión conjunta en el término de 15 días".
Un largo y doloroso camino
Las investigaciones que se llevan adelante en distintos países europeos sobre las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura militar y de la que fueron víctimas ciudadanos de ese origen ya había traído dolores de cabeza a los ex presidente Carlos Menem y De la Rúa.
Con distinto ímpetu, ambos gobiernos habían respaldado el principio de territorialidad de las leyes y habían rechazado las causas que se abrieron en el exterior, en muchas de las cuales se pide la extradición de más de un centenar de represores que habían sido beneficiados en la Argentina con las leyes de amnistía.
Los tribunales de Francia, Alemania, España, Suecia e Italia están a la espera de que Argentina remita en calidad de extraditados a los militares imputados.
Incluso el juez federal Sergio Torres detuvo el lunes de la semana pasada al ex subjefe de Inteligencia del Ejército, coronel retirado José Osvaldo Ribeiro, por pedido del juez francés Roger Le Loire.
Además, Zuppi representaba (hasta antes de su designación como titular del área de Justicia del nuevo gobierno) a Alemania en un pedido de extradición del ex general Guillermo Suárez Mason.
Zuppi, un especialista en derecho internacional, era además hasta ayer el abogado querellante por la agrupación Memoria Activa en el juicio oral que investiga la conexión local que permitió perpetrar el 18 de julio de 1994 el atentado contra la mutual judía Amia en Buenos Aires, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.
La Ciudad
