Las cúpulas de la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista se pronunciaron a favor de que el proyecto de presupuesto 2002 se apruebe antes de fin de año, aunque con cambios. El principal reclamo pasa para que se asegure, en primera medida, recursos para atender la crisis social. El presidente Fernando de la Rúa, a su vez, insistió en señalar que "existe una urgencia patriótica" para aprobar la ley de leyes.
El consejo nacional del PJ, encabezado por Carlos Menem, emitió ayer un documento titulado "Producción, Trabajo y Crecimiento", a través del cual expresó "la necesidad de aprobar un presupuesto equilibrado antes de fin de año". En ese sentido, aunque reclamó urgencia para su tratamiento, propuso la inclusión en el texto de una partida destinada a crear "un subsidio de desempleo para un millón de familias". También pidió retrotraer la planta de personal en la administración pública al nivel de 1999, lo cual a juicio de Menem implica "eliminar miles de cargos públicos creados por el actual gobierno".
En cuanto al presupuesto para el 2002 se señaló que su aprobación antes de que concluya este año "es un imperativo institucional de primer orden, además de una exigencia constitucional".
La cúpula del radicalismo, que ayer se reunió con el presidente Fernando de la Rúa, coincidió en señalar que el presupuesto 2002 debe expresar la concertación política para salir de la crisis pero aclaró que el oficialismo no avalará un texto que promueve más ajuste. En ese sentido, llamó al gobierno a buscar alternativas para atender en primera medida la crisis social.
El presidente de la UCR, Angel Rozas, el ex presidente Raúl Alfonsín y un grupo de gobernadores y legisladores se reunieron ayer con De la Rúa para marcar los límites del presupuesto que están dispuestos a aprobar. En ese sentido, reclamaron la urgente atención de la crisis social y pidieron alternativas para evitar mayores ajustes a la población.
"Vamos a tratar de que salga un presupuesto con el menor impacto negativo en el estómago y en el bolsillo de la gente. Esos son los límites de la UCR", anticipó Rozas, quien reveló que "de ningún modo" los legisladores radicales van a aprobar la iniciativa tal como llegó ayer al Parlamento". En cambio, dijo que "los legisladores radicales analizan alternativas que no signifiquen más ajustes".
A paso lento
El apuro del gobierno encuentra, no obstante, un serio obstáculo en el Parlamento, donde las bancadas mayoritarias anticiparon que su aprobación antes de fin de año implicaría lisa y llanamente levantar la mano sin discutir. "Habría que buscar con lupa un diputado del partido que sea que esté dispuesto a votar este presupuesto, sin decir una palabra", remarcó el diputado del PJ Jorge Matzkin.
Matzkin es el nuevo presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que recién comenzaría a sesionar hoy porque todavía no está integrada en su totalidad. La Alianza, que debe nombrar al vicepresidente primero, prometió que mañana completará el elenco de la comisión, para lo que debe resolver antes quien se queda con el segundo lugar del cuerpo, una plaza para la que suena el frepasista Rodolfo Rodil, aunque otras fuentes mencionan a Darío Alessandro, Jesús Rodríguez y Horacio Pernasetti.
Legisladores justicialistas se quejaron, al respecto, por la urgencia exigida por el ministro Cavallo. El justicialista bonaerense, Jorge Remes Lenicov, evaluó que el FMI "no dejará que el día 29 caiga la negociación" estando el proyecto en trámite.
Según señalaron voceros de la bancada justicialista de la Cámara baja, habría una fuerte presión de los gobernadores para que el Congreso apruebe el presupuesto. Las fuentes indicaron que la idea de los mandatarios provinciales es impulsar a los diputados electos el 14 de octubre pasado, que sean "poco conocidos", a votar la iniciativa, mientras que los "más conocidos" serían los encargados de criticar el Poder Ejecutivo.
El argumento con el que los gobernadores estarían defendiendo la necesidad de un rápido tratamiento pasa, según estos voceros, por una "amenaza velada" de las autoridades del Ministerio de Economía con el no envío del resto de las Letras de Consolidación de Obligaciones Provinciales (Lecop) a los distritos.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se avanzó con el intento de autoprorrogar el período de sesione ordinarias (ver sección Política).
La Ciudad
