El ex presidente insiste en la peligrosidad de devaluar

El menemismo ahora propone un seguro para desempleados

El subsidio beneficiaría a un millón de familias. La idea es unificar todos los programas sociales del país

El menemismo emitió ayer un documento con la firma del presidente del consejo nacional justicialista, Carlos Menem, en el que solicitó la creación de un "subsidio de desempleo para un millón de familias", reclamó la "necesidad" de aprobar el presupuesto 2002 enviado por el gobierno nacional y le dijo "no a la devaluación".
El documento, que también está rubricado por el vicepresidente primero del cuerpo, el gobernador pampeano Rubén Marín y por su secretario general, Eduardo Bauzá, lleva el título "Producción, trabajo y crecimiento" y destaca que el justicialismo "ejerce su responsabilidad histórica de proponer un rumbo".
"Es indispensable crear inmediatamente un subsidio de desempleo para un millón de familias, financiado con la unificación de las decenas de programas sociales", indica el primer punto del paper.
En el segundo ítem, el menemismo consideró como un "imperativo institucional de primer orden" aprobar "un presupuesto nacional equilibrado antes de fin de año", además de que sea "necesario fortalecer la autonomía de la autoridad monetaria".
La sugerencia del concejo nacional de en torno al presupuesto choca de frente con los otros sectores del justicialismo, quienes se muestran reacios a aprobar la ley que el Ejecutivo envió recientemente al Congreso.



 

Impuesto a la pobreza
En el punto titulado "no a la devaluación", se sostiene que "la destrucción del valor de la moneda sólo favorece a los ricos, pulverizando el ingreso de los trabajadores, los ahorros del pueblo y los haberes de los jubilados".
Además, el ex presidente, Bauzá y Marín destacaron que "la devaluación de la moneda será casi exclusivamente un impuesto a los pobres" y subrayaron que "sólo favorecería a los que llevaron sus ahorros al exterior y ahora pretenden recomprar a precio vil los bienes de los argentinos”.
En otro de los párrafos, el comunicado propone la "reforma del Estado y la descentralización administrativa", y plantea transferir a la ciudad de Buenos Aires la Policía Federal, "suprimir" ministerios y "retrotraerse a la planta de personal existente en diciembre de 1999”.
Por último, el documento demanda reducir el "costo de la política" con una "reforma constitucional" que "reduzca" el número de legisladores, "eliminar" el Consejo de la Magistratura, y lograr que el centro de la atención vuelva a ser el sector productivo".