Exigen una amnistía para las personas detenidas en los incidentes del viernes

Noemí Muñoz no saqueó ningún supermercado y jamás fue detenida, pero vive en el barrio Ludueña y conoce a muchos vecinos que no tienen trabajo y ya casi no comen. Es más: ni ella sabe cuánto más podrá seguir viviendo con lo que vive, que es casi nada. Desde el viernes pasado no dejó de acompañar ni por un segundo a los familiares de los detenidos por los incidentes en negocios de su barrio y ayer pidió una amnistía para los cuatro que siguen en prisión por tener antecedentes policiales.
Al menos ayer Muñoz ya no estaba sola porque la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), un organismo que defiende los derechos de los detenidos, decidió ponerle el pecho al mismo reclamo. "Queremos que no se judicialice un conflicto social, que las causas abiertas por los incidentes se cierren y no queden como un antecedente en el prontuario de los detenidos", explicó Mariana Hernández Larguía, una de los miembros de la CTC que se movilizaron hasta los Tribunales.
Hernández Larguía dijo que "ahora quedan sólo 4 detenidos, pero en horas o en días podrían ser cientos o miles si los más necesitados no reciben una ayuda social".
El pedido de amnistía para los presos "por razones sociales y no delictivas" está dirigido a la jueza Susana de Pigliacampo, a la Corte Suprema y al gobernador. Pigliacampo es quien tramita las causas contra los detenidos en los incidentes. Ocho de ellos ya fueron liberados, pero otros cuatro quedaron en prisión por tener antecedentes; como se los acusa de un delito grave (robo en banda) no tienen derecho a la excarcelación. Esa es la justificación que esgrime la jueza quien habría comentado a los familiares de los detenidos que se limita a aplicar el Código Penal. La CTC y los detenidos cuestionan esta posición porque sostienen que no fueron a robar sino a buscar alimentos debido a su situación.
La CTC y Muñoz se reunieron ayer con la ministra de la Corte Suprema María Angélica Gastaldi y le pidieron que no se lleve a los estrados judiciales los denominados casos sociales. Gastaldi respondió que el máximo tribunal actuaría en caso de comprobarse alguna irregularidad judicial, pero dijo que la Corte no puede plantear una amnistía. "Ahora vamos a presentar un proyecto legislativo para proponer esa salida", anticipó Lilian Echegoy, de la CTC.
Hernández Larguía exigió la formación de una mesa de consenso con los sectores más desprotegidos y organismos no gubernamentales. "Es el único modo de contener a la gente y evitar desbordes", dijo.
Los familiares de los detenidos y otras personas que ya fueron liberadas por carecer de antecedentes exigieron una amnistía. Todos tienen una historia dura para contar tras lo que ocurrió el viernes. "Ocho mujeres fueron arrestadas por llevarse fideos de un súper (el de Córdoba y Liniers). Una de ellas tiene una beba a la que amamanta y a la que tuvo en una comisaría hasta el sábado. Recién ese día se la entregaron al padre", contaron. La mujer quedó detenida, enfermó de mastitis y salió el lunes a la noche. Además, hay chicos de 12 y 13 años a quienes les abrieron una causa y luego los liberaron. Cuatro días después, el juez Jorge Zaldarriaga aún no les había tomado declaración. Eso sí: si no hay decisión política quedarán fichados.

Los familiares fueron a reclamar a los Tribunales.