El gobierno de Fernando de la Rúa resolvió ayer rechazar todos "los pedidos de extradición por hechos ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional", por lo que no prosperarán los reclamos de tribunales extranjeros destinados a someter a proceso a ex represores por delitos cometidos en la última dictadura militar.
"Ningún Estado puede atribuir unilateralmente, mediante su derecho interno, competencia a sus propios tribunales para juzgar hechos ocurridos fuera de su territorio", consigna el decreto 1581/2001 mediante el cual el Poder Ejecutivo fijó su doctrina en materia penal de cooperación internacional.
El decreto, publicado ayer en el Boletín Oficial, fue rubricado por el presidente de la Nación; el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo; el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa; y el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini.
La nueva normativa, en realidad, fija reglas que ya venían aplicándose de hecho tanto en el actual gobierno como en el de la administración precedente, que encabezó el ex presidente Carlos Menem.
Tanto Menem como De la Rúa rehusaron colaborar con los tribunales extranjeros que sustancian juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos aquí en la dictadura del período 1976-83 y, para adoptar esa decisión, se ampararon en un principio de territorialidad según el cual los hechos deben ser ventilados por tribunales del lugar donde se cometieron.
Con esa premisa, el gobierno rechazó los trámites de extradición contra represores argentinos iniciados, entre otros, por magistrados de España, Alemania e Italia, que investigan a militares, policías y civiles bajo cargos de terrorismo de Estado y genocidio.
"Corresponde a cada Estado, en este caso a la República Argentina, el ejercicio de la jurisdicción penal por delitos cometidos en los espacios efectivamente sometidos a su potestad, dentro de su territorio o en naves o aeronaves bajo su bandera, con prescindencia de lo que disponga al respecto la legislación de otros Estados", refiere el decreto gubernamental difundido ayer.
De acuerdo con el nuevo régimen, la Cancillería rechazará de plano los pedidos de extradición a ex represores acusados de delitos cometidos en territorio argentino.
En cambio, la Cancillería dará intervención a "un juez competente" cuando se trate de pedidos de arresto provisorio sin fines expresos de extradición. En este caso "si con el requerimiento se acompañaran antecedentes, documentación o pruebas, los mismos se remitirán al juez de la causa o, en su defecto, al juez de turno o al Ministerio Público Fiscal en carácter de denuncia".
El texto del decreto ocupa casi una veintena de carillas y detalla los procesos y decisiones atinentes a la represión ilegal: desde los juicios en trámite hasta la imposibilidad de perseguir a oficiales en virtud de las leyes de obediencia debida y punto final, y los indultos con los que Menem benefició a decenas de presuntos criminales.
"La República Argentina, a través de su derecho y de medidas adoptadas por sus órganos constitucionales, se ha ocupado desde todas las perspectivas posibles de los delitos cometidos durante el último gobierno de facto", aseveraron los funcionarios en el decreto.
Añadieron que "la relación histórica demuestra que, a partir de la recuperación de la democracia en 1983, en el marco de la Constitución nacional y las instituciones republicanas, en ejercicio de su propia soberanía, la República Argentina actuó conforme a derecho, respecto de esos delitos".
Esos párrafos no fueron caprichosos. Sucede que el derecho internacional habilita a los tribunales de un país a juzgar delitos de lesa humanidad cometidos en otra nación siempre que en el lugar de origen no se haya perseguido penalmente a los responsables.
Por eso, tanto el gobierno de Menem como ahora el de De la Rúa echan mano de los procesos judiciales realizados aquí aunque con un pobre nivel de condenas, para mostrar que la Argentina ya se ocupó de enjuiciar a sus represores.
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La Ciudad
