Sólo un acuerdo político entre la Alianza y el justicialismo podrá superar el conflicto de poderes que se avecina esta semana, si el PJ cumple su promesa de aprobar una resolución en ambas Cámaras del Congreso para prorrogar las sesiones ordinarias, ya que no acepta las extraordinarias porque éstas sólo habilitan a debatir el temario dispuesto por el Ejecutivo.
La fuerza de la oposición, que hoy controla las dos Cámaras parlamentarias, aspira a definir la agenda para votar entre otros puntos la derogación de las facultades legislativas cedidas al Ejecutivo y anular el decreto que impuso restricciones para el retiro del dinero de los bancos de ahorristas y empleados.
La estrategia de las bancadas del justicialismo es votar entre miércoles y jueves sendos proyectos de resolución donde se encomienda a los presidentes de ambas cámaras, Ramón Puerta (Senado) y Eduardo Camaño (Diputados) la convocatoria a sesiones ordinarias, según confirmaron los jefes de los bloques parlamentarios Humberto Roggero y José Luis Gioja. Roggero ya dijo el viernes que mañana se tratará de emitir el dictamen y pasado buscar la sanción sobre tablas del despacho de la comisión de Asuntos Constitucionales.
La iniciativa presentada por el PJ solicita al presidente de la Cámara de Diputados, que, conjuntamente con el presidente provisional del Senado, disponga la prórroga de las sesiones ordinarias del período parlamentario en curso hasta el 28 de febrero del 2002.
La posición del justicialismo desatará otra polémica entre el oficialismo -rechaza de plano esta iniciativa- y las bancadas opositoras sobre las atribuciones del Congreso para una autoconvocatoria a sesiones ordinarias, cuando está abierto el período extraordinario que fue extendido hasta el 28 de febrero, con un temario que incluye el presupuesto, el pacto federal, y la coparticipación, entre otros asuntos.
La última alternativa para evitar el conflicto de poderes es un acuerdo político donde se pueda consensuar un temario mínimo entre ambas fuerzas políticas, y así evitar que este diferendo puede terminar en una maraña judicial que deberá ser resuelta por la Corte Suprema, el tribunal que dirime las cuestiones de competencia constitucional.
La situación no es la misma en ambas Cámaras ya que en el Senado se avanzó en un dictamen y si lo tratan el jueves no se requerirá los dos tercios que harán falta en Diputados, donde el justicialismo necesitará el respaldo de otras fuerzas políticas para poder cumplir su objetivo.
El debate en el Senado y en Diputados no será sencillo y estará plagado de acusaciones desde el oficialismo que considera que el PJ está vulnerando la Constitución, según se desprende de las opiniones vertidas por el ex presidente Raúl Alfonsín en la reunión de Asuntos Constitucionales cuando planteó que "aprobar una prórroga deja abierta a la decisión judicial toda ley que se apruebe".
En la misma línea argumental se han manifestado el vicepresidente del cuerpo, el radical Fortunato Cambareri, quien afirmó que "se va a desatar un conflicto de poderes" y la storanista Margarita Stolbizer, quien expresó que la UCR rechaza que "se pueda autoconvocar a sesiones ordinarias cuando estas ya vencieron".
Desde el justicialismo, el senador Miguel Pichetto asegura que el Congreso puede autoconvocarse a sesiones ordinarias y basa su argumento en que existe una "facultad implícita" en los artículos 75 y en el 63 de la Constitución nacional "cuando se habla de los poderes implícitos".
La posición del ARI
Además en la Cámara de Diputados apareció una tercera posición: la del ARI, que reconoce el derecho de que el Congreso pueda autoconvocarse pero sostiene que sólo puede tratar decretos del Poder Ejecutivo y no debatir proyectos de ley, según indicó el diputado de esa fuerza política Mario Cafiero.
El justicialismo quiere debatir un temario que incluye la derogación de las facultades cedidas al gobierno nacional, la reforma política, la instrumentación de un seguro de empleo y formación profesional y la modificación del decreto 1570 para lograr la libre disponibilidad en los bancos de los sueldos, jubilaciones, pensiones e indemnizaciones.
También quiere debatir la ley reglamentaria de los decretos de necesidad y urgencia, marco de los servicios privatizados, reestructuración de deudas impositivas y previsionales para productores rurales e industriales de pymes, y la ley que reglamenta la participación del Congreso en la deuda externa.
La Ciudad
