Las autoridades de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos dieron un paso importante para dirimir el conflicto limítrofe que involucra a las islas Corsi Norte, Corsi Sur y General Juan Pistarini, más conocidas como el Banquito. El ministro de Gobierno santafesino, Lorenzo Domínguez, y su par entrerriano, Enrique Carbó, acordaron realizar un estudio topográfico de los terrenos para definir finalmente a qué jurisdicción corresponden las 45 hectáreas de playa, ubicadas frente a la zona céntrica y sur de Rosario, donde funcionan tres paradores que, por cada fin de semana durante la temporada de verano, convocan a unas 10 mil personas.
Los dos funcionarios provinciales coincidieron en atenerse a la delimitación establecida por la ley nacional 22.067, que fija como límite interprovincial el canal oriental. El problema es ahora definir en terreno si esta vía de navegación deja las islas del lado de Santa Fe o de Entre Ríos.
Así se pondría fin al fuego cruzado que se abrió a principios de año entre ambos territorios. La demarcación del canal establecida por ley sometía las islas al territorio santafesino y, en 1996, la provincia las entregó en comodato al Ente Administrador del Puerto Rosario (Enapro).
Pero, de hecho, la Municipalidad de Victoria se encargó de habilitar los comercios y cobrarles tributo sobre su facturación, y fijó además una contribución de 10 centavos por pasajero a las empresas de embarcaciones que operan en el lugar. Asimismo el control de estos terrenos está bajo la jurisdicción de la policía de Entre Ríos.
Semanas después de que en enero de 2001 La Capital sacara a la luz esta situación, llovieron reclamos y quejas de uno y otro lado del río. La intendenta de Victoria, Gracia Jaroslavsky, había declarado: "Las islas son nuestras y no nos iremos".
Pero, en la otra costa, la respuesta no se hizo esperar. Veinte días después, ocho concejales rosarinos desembarcaron en el Banquito y plantaron en su arena la bandera santafesina reclamando al gobernador Carlos Reutemann y al intendente Hermes Binner que "ejerzan el control real de estas tierras, que son santafesinas".
"Aquí no hay conflictos"
Pero Domínguez prefirió bajar los decibeles de la discusión. "Hay que aclarar que no hay conflictos limítrofes en el sentido de que ninguna de las dos provincias va a hacer una reivindicación de estos terrenos", explicó, a la vez que consideró como "fuera de lugar" la manifestación que protagonizaron los concejales rosarinos.
Para llevar adelante esta negociación, en Santa Fe se formó una comisión con representantes del ministerio de Gobierno, de la dirección de Catastro, el ministerio de la Producción, la Fiscalía de Estado, y el colegio de Agrimensores de la provincia.
"Acopiamos gran cantidad de material y concluimos en que la ley de la Nación marca claramente los límites. Lo que resta es realizar una demarcación en terreno y esto es lo que acordamos hacer entre las dos provincias", dijo Domínguez.
Hasta que esto suceda, el ministro de Gobierno no quiso adelantar opinión sobre a qué jurisdicción corresponden finalmente las islas. "Lo que es claro es que ninguna de las dos provincias discute lo que dice la ley. No nos estamos peleando por un pedazo de terreno", volvió a subrayar salomónicamente Domínguez.
La Ciudad
