El presidente Fernando de la Rúa aseguró ayer que la Argentina no se declarará en cesación de pagos y dijo que el gobierno está dando los pasos necesarios para evitar caer en esa situación terminal. En una semana decisiva donde el país debe afrontar vencimientos de deuda por más de 700 millones de dólares y en medio de un clima de mucho escepticismo por parte de los acreedores sobre las posibilidades de que puedan afrontar estos compromisos, el equipo económico puso el acelerador para definir el nuevo ajuste que el ministro Domingo Cavallo acordó con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), por unos 4.500 millones. Así se espera garantizar el desembolso de 1.260 millones que tiene pendiente el organismo internacional, si bien ese dinero no servirá para salvar las urgencias de fin de año porque recién llegará en marzo próximo.
Esta semana el Estado debe afrontar una fuerte concentración de vencimientos y para superar la coyuntura se están analizando una serie de alternativas. No se descarta que el gobierno negocie una renovación de las Letras del Tesoro (Letes) que vencen el viernes.
Contrarreloj, el equipo económico se puso ayer a definir los ejes principales del ajuste fiscal que permitan ajustar un desbalance de 4.500 millones de pesos. En el Palacio de Hacienda analizaban ayer el impacto sector por sector de dar marcha atrás con los planes de competitividad, para ver adónde meter tijera en los beneficios que le restan al fisco unos 2.000 millones de pesos anuales.
También se baraja eliminar la rebaja de los aportes patronales para el sector público y privado, si bien el impacto fiscal de esta medida sólo está relacionado con los mayores desembolsos del Estado para con sus trabajadores. La tercera pata del ahorro pasaría por una postergación y el pago en cuotas de los aguinaldos de los agentes públicos, y también se agregaría la desaparición del factor de convergencia que beneficia a los exportadores.
El ministro Cavallo hizo una fugaz aparición pública para desmentir que fuera a desaparecer la devolución del cinco por ciento del IVA para las compras con tarjetas de débito, una medida que cobra especial importancia a partir de la inmovilización parcial de los depósitos.
Por medio de un comunicado, el Ministerio de Economía explicó que "el ministro mencionó que se revisarán las exenciones fiscales otorgadas para mejorar la competitividad, pero en ningún momento aludió a la devolución del IVA a consumidores y exportadores", tal como habían puntualizado medios de prensa capitalinos.
Desde la cartera de Hacienda se puntualizó que la devolución del IVA a consumidores y exportadores son "estímulos clave para asegurar un adecuado nivel de demanda interna y externa y hacer fluido y transparente el sistema de pagos de la economía".
Otro de los requisitos que Cavallo habría pactado con el FMI sería la eliminación del euro como moneda de referencia para fijar una divisa de exportación, con lo cual quedaría probablemente sin efecto el factor de convergencia establecido al inicio de la gestión de Cavallo en este gobierno, un punto que defiende con ahínco la industria exportadora.
Los aguinaldos, en danza
Aunque el gobierno aún no dio detalles de las nuevas medidas, anoche se estaba estudiando la posibilidad de echar mano del aguinaldo del sector público argumentando situación de crisis. Se barajaban alternativas diversas como postergar su pago y al mismo tiempo fraccionarlo en tres cuotas; hacerlo efectivo recién en junio del año próximo o bien pagar en diciembre montos más altos a quienes menos ganan y postergar los pagos más abultados.
De todos modos el secretario de Hacienda, Jorge Baldrich, aseguró que está garantizado el pago del medio aguinaldo de diciembre para empleados públicos y jubilados, porque se trata de un gasto que ya fue devengado.
Los técnicos de Economía también evaluaban ayer los efectos que en cada sector tendría la suspensión de los planes de competitividad y hacían cuentas para determinar qué incremento determinaría sobre la recaudación en cada caso, antes de definir cuáles serán los programas suspendidos.
Baldrich también consignó anoche que es inminente el envío al Congreso del proyecto de ley de presupuesto 2002, que contendrá otros aspectos del ajuste. Luego de una reunión con Cavallo y el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, el secretario de Hacienda que el límite global de gastos se ubicará entre 42.000 y 42.500 millones de pesos, sin contar las transferencias a provincias. Afirmó que el ajuste no alcanzará los subsidios específicos, como fondo del tabaco o gas patagónico, y que se mantendrá la proyección de crecimiento del dos por ciento anual.
Alerta de los empresarios
Los anuncios de suspensión de los planes de competitividad no fueron bien recibidos en los sectores productivos.
El presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Manuel Cabanellas, integrante del Grupo Productivo, calificó de "lamentables" los anuncios efectuados por el ministro Cavallo y aseguró que no son las que necesita el país para crecer. "Es lamentable que se pongan impuestos, se saquen impuestos, sobre todo para el campo, que cuando uno siembra tiene una política tributaria y cuando termina de cosechar tiene otra", dijo Cabanellas.
Las declaraciones de Cabanellas dan una pauta del clima que se vive en el Grupo Productivo y que puede afectar las negociaciones para llegar al consenso en cuatro o cinco puntos que venía propiciando el agrupamiento que incluye además a la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara de la Construcción (CAC) y que en los últimos días había conseguido incluir en el diálogo a la CGT y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).
Otra señal contundente provino de a Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) que, en sendas cartas documento enviadas a Cavallo y a su par de Trabajo, José Dumón, asegura que "la caída del convenio de competitividad significaría el golpe de gracia para la destrucción de nuestras industrias y el cierre de millares de fuentes de trabajo".
"Ha sido un compromiso de los empresarios, los obreros, y el gobierno, porque se reconoce que los sectores productivos de Argentina requieren de condiciones de competitividad, que las políticas macroeconómicas erráticas nos han quitado sistemáticamente", señala la carta documento enviada a Cavallo.
Los acuerdos de competitividad, suscriptos por varios sectores, incluían un compromiso de los empresarios de no despedir trabajadores, mientras que los empleados aceptaban discutir los convenios laborales y los estados nacional, provincial y municipal se comprometían a eliminar trabas burocráticas y reducir impuestos. Pero muy poco de todo eso se cumplió.
El viernes, "Día D"
El viernes será el "Día D" para el gobierno de De la Rúa, cuando se sabrá si la Argentina podrá afrontar los pagos de la deuda y con la presión del noveno paro general sobre las espaldas.
Con las arcas del fisco vacías tras cuatro años sin crecimiento económico y el Estado echando mano a los recursos privados para abonar salarios de empleados públicos y pensiones, el pago de la deuda había dejado de ser una prioridad, según confesó el ministro Cavallo. De todos modos, ayer De la Rúa aseguró que se evitará un default, al tiempo que se expresó con amargura por los dos años de malaria que sobrellevó su gestión: "Desde que asumí vivo apagando incendios y afrontando una crisis que es estructural y viene de antes" (ver Sección Política).
La Ciudad
