El diputado nacional radical Carlos Iparraguirre aseguró haber sido amenazado y agredido físicamente, el pasado martes, por el ex legislador, también ucerreísta, Edgardo Barberis, acusado de haber percibido pensiones graciables en favor de sus tres hijos y otras cuatro para su secretario privado, Ricardo Torralba. Iparraguirre le confirmó ayer a La Capital que denunció a Barberis ante la Justicia y la Policía Federal.
El diputado radical recordó que en octubre pasado tomó conocimiento de las pensiones graciables percibidas por Barberis, quien concluyó su mandato en 1999 y se desempeña actualmente como prosecretario de la presidencia de la Cámara de Diputados y también como delegado del comité provincial del radicalismo por el departamento de San Jerónimo. Tras confirmar la denuncia, Iparraguirre resolvió hacer las correspondientes presentaciones ante el presidente de la Cámara, Rafael Pascual; el titular del bloque de la UCR, Horacio Pernesatti; la Oficina Anticorrupción; y al presidente de la convención provincial del radicalismo, al que se le reclamó que remitiera los antecedentes de Barberis al tribunal de disciplina partidario.
Cuando la información tomó estado público, el ex legislador y su secretario privado Torralba (quien lo secundó en su etapa como diputado) explicaron que los montos obtenidos fueron utilizados en tareas de asistencia a pobres y desempleados del departamento San Jerónimo, sosteniendo que "sobre los 45 mil pesos recibidos entregamos más de 52.500, apelando a nuestros sueldos".
El ataque
Iparraguirre aseguró que el pasado martes fue "reiteradamente provocado" por Barberis durante un agasajo que se realizó en el Congreso. Pese a no responder a las provocaciones, cuando se retiraba del edificio ("pasadas las 10 de la noche") se encontró con el ex legislador, quien comenzó a insultarlo y a proferir amenazas "delante de testigos". Luego, afirmó que recibió un puñetazo en la boca que le abrió los labios.
Al día siguiente, el diputado santafesino formuló las correspondientes denuncias ante la policía y la Justicia, en el juzgado de la doctora Braidot, habiendo constatado el médico forense las lesiones sufridas.
Las pensiones graciables son las que asignan los legisladores nacionales y están presuntamente reservadas a personas sin recursos. En el caso de Barberis y Torralba, ellos las reciben de manera regular desde enero o marzo de 2000, en la sucursal de barrio Once del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Sobre el final de su mandato, Barberis había gestionado tres pensiones graciables por diez años en favor de sus hijos y otras cuatro para su secretario privado, por trescientos pesos cada una. Si bien en la actualidad no se pueden otorgar pensiones a consanguíneos, de la medida están exentos los presupuestos de los años 1999 y 2000, razón por la cual Barberis no ha incurrido en ninguna acción ilegal. Iparraguirre ha presentado un proyecto de ley para que se incluyan a dichos presupuestos dentro de las normas de incompatibilidad.
La Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales dispuso suspender las tres pensiones graciables que percibía el ex legislador en carácter de apoderado de sus tres hijos: dos mujeres de 21 y 19 años y un varón de 17 años. A su vez, Torralba era apoderado de sus cuatro hijos: tres varones de 15, 13 y 9 años y una niña de 6. Los padres de Torralba han cobrado a su vez dos pensiones graciables más, a pesar de tener una jubilación regular.
La Ciudad
