Guerra al terrorismo. Ashcroft defendió la legalidad de las medidas

Los juicios militares en EEUU bajo la lupa de los congresistas

Washington. - El procurador general de EEUU, John Ashcroft, defendió ayer los juicios militares secretos y otros mecanismos autorizados por el gobierno para proteger al país de terroristas extranjeros, al declarar: "Estamos en guerra". "Nuestros esfuerzos han sido cuidadosamente diseñados para no transgredir los derechos constitucionales al tiempo que salvar vidas estadounidenses", dijo Ashcroft. El funcionario hizo los comentarios en una audiencia del Congreso convocada para examinar la legalidad de las medidas del gobierno, que también incluyen la detención de cientos de extranjeros e intercepción de llamadas entre sospechosos y sus abogados. Las encuestas de opinión muestran respaldo público a las medidas, adoptadas tras los ataques del 11 de septiembre contra el World Trade Center y el Pentágono. Varios legisladores han expresado preocupación en el Congreso, y grupos de derechos civiles están ahora desafiando las medidas en las cortes.
Ashcroft defendió las acciones del gobierno en más de dos horas de testimonio ante la Comisión Judicial del Senado, mostrando un manual de Al Qaeda, la red terrorista de Bin Laden. "Aquí dentro están las tácticas y técnicas de nuestro enemigo" dijo Ashcroft, presentando un libro de tapas marrones que la policía británica secuestró años atrás en Manchester en un escondite de Al Qaeda.
El procurador general enfrentó un desafío enérgico e inmediato de parte del presidente de la Comisión Judicial, el legislador demócrata Patrick Leahy, uno de los principales críticos de muchas de las medidas adoptadas por la Casa Blanca desde los ataques del 11 de septiembre. "Podemos ser duros con los terroristas y cumplir con la Constitución", dijo.
Los críticos alegan que las medidas violan el mandato de hábeas corpus, la doctrina que protege a los individuos contra reclusión ilegal. Sin embargo, Ashcroft rechazó las quejas, diciendo que a todos los detenidos se les ha presentado cargos, muchos de ellos de violaciones a la legislación de inmigración.
Leahy y otros miembros de la comisión, en su mayoría demócratas, cuestionaron la constitucionalidad de las medidas adoptadas por el gobierno sin consultar con el Congreso. (Reuters)