Juzgarán a ex intendentes y 35 concejales bonaerenses por un fraude millonario

Dos ex intendentes del partido bonaerense de San Martín, 35 concejales y ex ediles, y un ex secretario de Obras Públicas de esa comuna serán juzgados en un debate oral, sospechados de cometer un presunto fraude por el que el municipio debía pagar casi 17 millones de pesos de más en obras de pavimentación y bacheo. La resolución de elevar el caso a juicio fue tomada por la Sala Nº I de la Cámara de Apelaciones de San Martín integrada por los jueces Carlos Julio Hermelo, Ricardo Fernández Bernengo y Lidia Teresa Luengo.
A los procesados, entre ellos los ex intendentes Antonio César Libonatti y Pablo Landolfi, y el vicepresidente de Chacarita Armando Capriotti, los acusan de fraude a la administración pública, delito castigado con hasta 8 años de cárcel.
La investigación del presunto fraude la hizo un grupo de fiscales de San Martín que giró lo actuado al juez de garantías Juan Carlos Sorondo (h). El caso llegó a la Cámara de Apelaciones de San Martín cuando las defensas de los acusados plantearon excepciones a la acusación de la fiscalía.
En las indagatorias que se realizaron desde el 18 de abril pasado, sólo declararon dos de los procesados, agregaron las fuentes. Todos los sospechosos están acusados del delito de fraude a la administración pública, castigado con penas de uno a ocho años de prisión. El delito prevé la excarcelación, con lo que de ser condenados en un juicio oral, los imputados podrían no ir presos. La Justicia trata de establecer si los ex intendentes Libonatti y Landolfi, 16 concejales, 19 ex concejales y el ex secretario de Obras Públicas, Rafael Jorge, perjudicaron al municipio de San Martín, al refinanciar una deuda con una empresa de pavimentación y bacheo en más de 16 millones de pesos respecto de la cifra acordada en un inicio.
De los concejales que votaron la refinanciación de la deuda en 1996 y en 1998, 16 siguen siendo actualmente ediles, y los otros 19 ya no cumplen esa función, explicaron fuentes judiciales.
La causa se inició en agosto del año pasado cuando la empresa Victorio Américo Gualtieri S.A, contratada para la pavimentación y bacheo de calles de San Martín, denunció al actual intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus, por desbaratamiento de derechos acordados, abuso y usurpación de autoridad.
Ivoskus decretó que la refinanciación de la deuda con Gualtieri, que ascendió a más de 27 millones de pesos, era ilegal. En el decreto 485 que firmó Ivoskus, y que luego ratificó la ordenanza 7486 del 2000, se dejó sin efecto la refinanciación de la deuda por más de 27 millones de pesos que el municipio tiene con la empresa Gualtieri.
Según el decreto, "la refinanciación es ilegal porque va contra la ley 11.756 de saneamiento fiscal, que en 1996 ya había establecido el monto de la deuda en más de 10 millones", se explicó. (Télam)