Cañada de Gómez. - La jueza Adriana Cuaranta, titular del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de esta ciudad, volvió a ser blanco de un pedido de juicio político por supuesta "incapacidad" para resolver casos que fueron presentados en el juzgado y la "extrema morosidad" que posee para la resolución de los expedientes que ingresan.
La solicitud de inicio de un juri de enjuiciamiento fue solicitado por el abogado cañadense, Luis Rossini, a la Corte Suprema de Justicia, sobre la base del artículo 118 del Código Procesal, Civil y Comercial, que expresa que ante tres casos de morosidad injustificada será interpretado como "mal desempeño de sus funciones, a los fines de un juicio político".
El abogado presentó tres fallos de las salas 2ª, 3ª y 4ª de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de los Tribunales de Rosario que declararon como "injustificada" o "no justificada" la morosidad del juzgado de Cañada de Gómez para la resolución de las causas tramitadas.
"Estas circunstancias configuran el mal desempeño de las funciones de la jueza y su inevitable sometimiento a un juicio político, debido a que son causas de remoción de los jueces el incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución, leyes o reglamentos", dijo Rossini en el texto presentado al que tuvo acceso La Capital.
Uno de los fallos de la Cámara de Apelación de los Tribunales de Rosario alega en sus considerandos que "no se puede justificar la morosidad del juzgado cañadense atento a que se trató de una cuestión simple a resolver". Para el abogado Rossini la jueza no falla "porque desconoce el derecho".
De acuerdo a lo que pudo comprobar La Capital existe enemistad entre la jueza Cuaranta y un grupo de unos 15 abogados de la región que litigan en Cañada de Gómez, a partir de una decisión de la jueza de excusarse de atender a este grupo de letrados. El problema es que esa cantidad representa alrededor del 20 por ciento de los abogados que litigan en esta ciudad.
"La presentación del abogado hace referencia en el escrito a otro caso de morosidad que derivó en la destitución de la jueza cordobesa María Cristina Pueyrredón de Hoyos. En esta ocasión fue el Senado de esa provincia que alegó "morosidad estructural" luego que el juzgado no resolviera una causa durante 46 meses.
Rechazo a juicios anteriores
En 1996 el mismo abogado pidió el enjuiciamiento de Cuaranta declarando como causales: ignorancia del derecho y el incumplimiento de las obligaciones impuestas por las leyes. En esa oportunidad se detallaron 50 casos de morosidad y 20 en los cuales la jueza evidenció desconocimiento. En 1997 el Tribunal de Enjuiciamiento, presidido por Delio Ulla, lo rechazó.
El pedido del abogado Rossini cuenta con el aval de otros letrados que litigan en los juzgados cañadenses, y existen muchas quejas ante la delegación Cañada de Gómez del Colegio de Abogados de Rosario.
En ese sentido, el grupo manifestó que la jueza ingresa alrededor de las 10, cuando el resto del personal lo hace a las 7. El principal malestar es que el ritmo de trabajo de la titular del juzgado civil "no se condice con la cantidad de expedientes que tiene a su cargo".
El planteo originó una nota que fue remitida desde la delegación Cañada de Gómez del Colegio de Abogados al presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Lo Celso, a quien le preguntaron si existen disposiciones, acordadas, autorizaciones especiales o cualquier otro elemento que habilite administrativamente esta situación.
La Ciudad
