La necesidad de instrumentar una reforma política se ha instalado en la sociedad y ha tenido fuerte presencia en la agenda pública en estos últimos años. Entre las variadas propuestas que se han formulado han tenido especial relevancia las que tienen como objetivo central reducir los gastos de la política, especialmente lo referido al costo de los poderes legislativos tanto en el orden nacional, como provincial o local.
Creemos que es necesario incorporar al debate otras problemáticas que a nuestro juicio debe resolver la reforma política, que consideramos de igual o mayor importancia que la del costo político.
Nuestro país se enfrenta hoy a una gran crisis de legitimidad política, lo que los teóricos llaman "crisis de representación". La falta de confianza y credibilidad en la dirigencia política (producto de múltiples factores) se encuentra hoy en un punto crítico que quedó demostrado contundentemente en las últimas elecciones del 14 de octubre, donde Santa Fe batió el récord nacional de voto en blanco.
En este contexto, toda reforma política debe orientarse, fundamental y primariamente, a superar esta crisis de representación que se ha constituido en uno de los más graves problemas de la democracia argentina.
Una reforma orientada a este objetivo debe incluir necesariamente una transformación del sistema electoral que es un elemento central en la estructuración de la política de un país o de una provincia.
Para una democracia representativa no existe nada más importante que determinar su sistema electoral. De él dependerá no sólo la legitimidad y calidad de la representación, sino que además influirá en la adquisición y distribución de poder político, y determinará en gran medida la práctica política cotidiana.
Para diseñar un sistema electoral que contribuya a recuperar la confianza en los representantes tomaremos tres criterios que hacen a la calidad de la representación, los que nos permitirán analizar nuestro sistema actual y a la vez nos servirán para orientar una propuesta superadora.
Un sistema electoral representativo debe:
* Garantizar la representación de los diversos territorios existentes en la provincia.
* Respetar el principio de igualdad en la representación asegurando una distribución equitativa de escaños en relación a la población.
* Asegurar una fuerte vinculación del representante con el representado.
En el sistema actual la representación territorial está garantizada en la Cámara de Senadores al conformarse ésta con un senador por cada uno de los 19 departamentos en que está dividida la provincia, en tanto que la Constitución intenta asegurarla en Diputados obligando a que los partidos incluyan en sus listas de candidatos a por lo menos uno con residencia en cada departamento. En la práctica esta disposición no garantiza la representación territorial. Como ejemplo de esto en la actual Cámara de Diputados se encuentran cinco departamentos que no están representados.
Con relación a la igualdad en la representación tomando como base a la población, se comprueba que el actual sistema es totalmente inequitativo al convertir al departamento Rosario en un distrito sub-representado dado que en Senadores iguala su representación a la de departamentos con poblaciones que alcanzan un 1 o 2 % de la que tiene Rosario, y en Diputados su representación actual significa aproximadamente un 45% menos que la que le correspondería en un sistema perfectamente igualitario.
Con relación al tercer principio enunciado, el de garantizar una buena vinculación entre el representante y representado, el actual sistema ha demostrado un buen funcionamiento en la Cámara de Senadores. Los senadores de la mayoría de los departamentos, con excepción de los más grandes, son visualizados por la población como sus auténticos representantes, permitiendo un permanente seguimiento de la gestión, lo que facilita ejercer el control ciudadano premiando o castigando con su voto al representante. En los departamentos de mayor concentración poblacional esta relación representante-representado se diluye alcanzando incluso alarmantes porcentajes de desconocimiento de los senadores.
En la Cámara de Diputados se repite el distanciamiento. Al tomarse la provincia como un distrito único y elegirse 50 diputados que corresponden 28 diputados al partido que obtenga el mayor número de votos y 22 diputados a los demás partidos en proporción a los sufragios que hubieren logrado, el ciudadano vota listas cerradas de 28 nombres que en su mayoría desconoce y por la tanto no se establece una auténtica relación de representación. Se diluye la responsabilidad ante el electorado porque nadie pide rendición de cuentas a quien no conoce.
Diseñar un sistema electoral para una provincia como la de Santa Fe presenta algunas dificultades mayores que en otros distritos con características más homogéneas como puede ser Capital Federal con características exclusivamente urbanas o provincias como Chaco o Formosa predominantemente rurales. La complejidad de Santa Fe se manifiesta al coexistir en un gran territorio, núcleos poblacionales totalmente diferentes como son los grandes conglomerados urbanos del Gran Rosario y el Gran Santa Fe, un número importante de ciudades de mediano tamaño y las zonas rurales, algunas con una importante cantidad de habitantes distribuidos en pequeños pueblos y otras zonas prácticamente despobladas.
En 1962 cuando se consagró el actual sistema se buscó garantizar la gobernabilidad ya que se produjo en un contexto de alta inestabilidad política y en consecuencia esta disposición constitucional era explicable y justificable en el marco de aquella situación. Hoy el cuadro que se nos presenta es de otra naturaleza, la demanda y el requerimiento actual es el de relegitimar la política ante la sociedad. La propuesta que formulamos está pensada con el objetivo de mejorar la calidad de la representación.
Nuestra propuesta:
Proponemos la instauración de una Legislatura unicameral ya que el Senado es imprescindible en el sistema federal, pero lo consideramos innecesario en la provincia, y pierde sentido si trasladamos la representación territorial que este ejerce a la Cámara de Diputados. Es necesario advertir que la unicameralidad requiere de normas para que en el procedimiento de formación y sanción de las leyes se garantice la prudencia y se evite que se produzcan resultados no suficientemente debatidos y publicitados. Una posibilidad es la de establecer la obligación de doble lectura para la sanción de leyes de fuerte gravitación política y social, tales como las de presupuesto, leyes tributarias, etc.
Esta Legislatura unicameral se debe componer por diputados elegidos directamente por el pueblo constituyendo cada departamento un distrito electoral. Cada departamento elegirá un representante cada 40.000 habitantes asegurando por lo menos uno por cada departamento. Los departamentos a los que les corresponda más de un diputado se dividirán en circunscripciones electorales a razón de una por cada diputado a elegir.
Tomando como base los datos provisorios del censo 2001, con este sistema la Legislatura de la provincia se integraría con 69 legisladores los que se distribuirían de la manera indicada en el cuadro adjunto.
Definida la cantidad de diputados por departamento la determinación de las circunscripciones electorales en que deben dividirse cada uno de los departamentos que elija más de un representante deberá realizarse tomando como base los siguientes principios: \* Equidad en el número de electores entre las circunscripciones de un mismo departamento \* Mantenimiento en lo posible de la integridad de las jurisdicciones comunales y municipales actuales.
* Revisión periódica de las circunscripciones.
* Establecimiento de reglas y procedimientos de redistritación que permitan la participación de la ciudadanía y los partidos políticos.
En síntesis nuestra propuesta incorpora el sistema de distritos uninominales para la elección de diputados, respetando la existencia de los departamentos, reconocidos como espacios políticos por la cultura política santafesina. Pero a la vez, la propuesta incluye criterios que dotan al sistema de mayor equidad en la distribución de bancas en relación a la población, y fundamentalmente facilita una mayor vinculación y acercamiento entre representantes y representados, debido a que cada ciudadano vota sólo a un candidato, quién sólo representa a los electores de su circunscripción y ante quienes debe rendir cuentas. Creemos que este sistema contribuirá a generar mayor responsabilidad en los gobernantes y permitirá un mayor control de la ciudadanía.
\(*) Ex ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe \(**) Docente de Derecho Político, Facultad de Derecho (UNR)
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