Imparable. Este parece ser el cariz que está adquiriendo la investigación judicial sobre el desvío de fondos destinados por el Ministerio de Educación provincial a los comedores de las escuelas locales. El caso ya derivó en la detención de la directora y la ecónoma de uno de los establecimientos bajo sospecha. Ayer, un ex miembro de la cooperadora de una escuela ubicada en la zona norte denunció graves irregularidades y entregó documentos que en principio las probarían, aunque por ahora están bajo la lupa de la Justicia. Según esos papeles, el dinero destinado a la copa de leche que se sirve en la escuela fue utilizado para comprar artículos tan insólitos como jabón para lavarropas automáticos y combustible, aunque en el establecimiento no hay ni máquina de lavar ni vehículo alguno. La denuncia podría dar lugar a nuevos allanamientos y detenciones como las que ya se produjeron la semana pasada.
Quienes trabajan en el caso no dan a basto para recibir la andanada de denuncias sobre el desvío de fondos oficiales que comprometería a algunos directores, cooperadores y proveedores. Así lo admitió ayer ante este diario una fuente de las pesquisas que encabeza el juez Jorge Eldo Juárez, y que están a cargo de la división Judiciales de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la policía.
Según el vocero, el juez está decidido a llegar a fondo y terminar con un sistema de complicidades que permitiría a los involucrados dibujar gastos que no existen para quedarse con el dinero.
Paralelamente, el delegado del Ministerio de Educación en Rosario, Andrés Rattaro, dijo a este diario que la investigación es muy bien vista por la cartera y se mostró confiado en que Juárez pueda poner coto a lo que a esta altura indigna a todos, desde el juez hasta el último de sus colaboradores: "Que le roben la comida a los chicos", tal como lo expresó uno de ellos.
Otra denuncia más
La nueva denuncia ingresó ayer al juzgado de Carlos Triglia, pero este magistrado se la remitirá inmediatamente a Juárez. La hizo el ex tesorero de una cooperadora escolar luego de leer la semana pasada en La Capital -así consta en el sumario, que ya acumula una pila de fojas- detalles sobre la investigación judicial del caso.
El ex cooperador denunció que en la escuela se piden raciones de copa de leche para 180 chicos cuando la cantidad que la consume es mucho menor. Además, reveló que en los balances no figuran muchos gastos realizados con el dinero enviado por el Ministerio, y que esos resúmenes de gastos no están disponibles para la comunidad educativa. Entre los gastos no asentados mencionó el pago de combustible, nafta y gasoil, cuando en realidad la escuela no cuenta con ningún vehículo propio, o de insumos -ciertos comestibles, por ejemplo- que no se utilizan para darle la leche a los alumnos.
El denunciante acompañó tickets que probarían muchas de sus afirmaciones. En esos papeles se advierten toda clase de irregularidades, algunas muy burdas. Un ejemplo: hay boletas donde se facturan tres compras del mismo insumo (aceite, por caso), el mismo día, en el mismo negocio. Pero no son facturas con membrete del proveedor involucrado sino un simple comprobante, que en algunos casos tienen números de formulario correlativos y en otros números repetidos.
Además, un miembro de la cooperadora habría conseguido que la escuela lo contrate para realizar arreglos en la escuela. La factura que pasó superó largamente los 1.000 pesos. Lo raro es que después de las denuncias anteriores sobre irregularidades en otras escuelas, la documentación que prueba esta contratación por lo menos cuestionable habría desaparecido misteriosamente.
Según el ex cooperador, las denuncias anteriores, la detención de una directora y una ecónoma, y la divulgación en la prensa de los primeros resultados de esta investigación habría puesto nerviosos al director y los miembros de la cooperadora de la escuela a la que denuncia. Esto habría quedado plasmado en una reunión realizada a mitad de noviembre, en la que todos se pusieron de acuerdo para mantener el tema bajo máxima reserva.
Las investigaciones se iniciaron hace unos 3 meses a partir de las denuncias realizadas por un empleado del Ministerio de Educación y ya provocaron la detención de la directora Esther Aurora Termini y la ecónoma Lidia Mendoza, ambas de la escuela 1.318. Las dos están acusadas de malversación de fondos y otros delitos. Por orden del juez Juárez, cumplen arresto domiciliario ya que en las comisarías de la ciudad no hay lugar para alojarlas.
Las pesquisas apuntan directamente a directores y vicedirectores, cooperadores y proveedores. En todos los casos, las personas bajo sospechas o denunciadas por gente con nombre y apellido en el expediente judicial llevan mucho tiempo desempeñando sus roles. El modo de operar también es siempre el mismo: consiste básicamente en sobrefacturar o bien en hacer figurar gastos inexistentes para desviar parte de los 43 millones de pesos que la provincia destina anualmente a los comedores escolares. En Rosario y sus alrededores, el Ministerio de Educación costea 56.000 raciones diarias de comida y 140.000 copas de leche que se suministran en las escuelas.
La Ciudad
