El asesor letrado y apoderado del Instituto Municipal de Previsión Social, Armando Mario Pereyra, presentó ayer una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de la 11ª nominación para que se investigue una presunta defraudación por casi seis millones de pesos contra la mutual de los activos y pasivos municipales. El abogado señaló que la Municipalidad estaría produciendo un "verdadero vaciamiento" de la entidad de ayuda social, ya que retendría mensualmente fondos de los afiliados que no los remitiría a la mutual.
Pereyra hizo ayer la presentación ante la Justicia en nombre personal y en su carácter de "damnificado", ya que es "afiliado obligatorio al seguro y subsidio mutual municipal", dependiente del Instituto Municipal de Previsión Social.
La mutual otorga préstamos personales a sus afiliados y el recupero de ese capital se efectúa en cuotas que se descuentan de los haberes mensuales, tanto de los activos como de los pasivos que solicitaron el crédito. Esos montos son los que no estarían ingresando a la mutual.
"Un verdadero vaciamiento"
"La Municipalidad, en su carácter de patronal, retiene de las liquidaciones mensuales de haberes de sus afiliados el importe correspondiente a la cancelación de los préstamos solicitados a la mutual", explicó Pereyra. Pero inmediatamente aclaró que "el monto retenido no se envía -como debería- al área de seguro y subsidio mutual municipal, que es quien debe recuperar el capital y los intereses del dinero prestado".
Pereyra indico que "con esta maniobra se estaría produciendo un verdadero vaciamiento de la mutual de los activos y pasivos municipales". El abogado apuntó que estas irregularidades "se estarían produciendo desde abril del 2000 hasta la actualidad".
Según los cálculos del denunciante, la defraudación superaría los cinco millones de pesos. "Creo que las irregularidades rondan los 5.800.000", especificó a La Capital.
"Me sorprende que ninguna autoridad del Instituto Municipal de Previsión Social haya advertido la falta de estos fondos, teniendo en cuenta que aparece en los balances generales", apuntó.
Además consideró que "el directorio del Instituto es corporativo, ya que el presidente es designado por el intendente, dos directores propuestos por el sindicato y otros dos representan a los jubilados. Todos los integrantes cuentan con la aprobación de Hermes Binner".
El Instituto está presidido por la contadora Susana Romano, quien está acompañada en el directorio por Luis Ratner, María Antonia Alvarez (ambos propuestos por el sindicato), Olivio Facchinello y Cayetano Montalbano (estos dos últimos en representación del Centro de Jubilados y Pensionados Municipales).
Pereyra pidió que el juez Carlos Triglia "investigue por qué se retienen cuotas de un crédito y no se envían al Instituto de Previsión Social de la Municipalidad".
El abogado estimó que "son muchas las personas damnificadas a las que se les realizaron las retenciones de dinero por el crédito y sus fondos nunca ingresaron al instituto".
El hecho podría considerarse como una defraudación, o una presunta malversación de fondos. "Prefiero que eso lo defina el magistrado", dijo Pereyra.
Deuda pendiente
"Es cierto que la Municipalidad tiene una deuda con el Instituto, pero el subsecretario de Hacienda, Carlos Fernández, prometió que quedará todo regularizado antes del 31 de diciembre", explicó a La Capital Romano.
La presidenta del directorio del Instituto Municipal de Previsión Social admitió que "la Municipalidad retiene dinero de los haberes para el pago de los préstamos" y también ratificó que el Ejecutivo local debe dinero al Instituto. Pero aclaró que la deuda "no viene desde abril del 2000 sino que es anterior", confesó.
La funcionaria no pudo especificar el monto de la deuda que tiene la Municipalidad con el organismo que preside, pero subrayó una y otra vez que "nunca se dejaron de prestar los servicios a los beneficiarios".
La contadora aclaró que en los últimos meses se incrementó la cantidad y los montos de los créditos a los afiliados a la mutual.
"Cuando necesitamos fondos para otorgar préstamos y no tenemos, me comunico con Hacienda de la Municipalidad y ellos depositan el dinero", relató.
La funcionaria agregó: "Es como si el Instituto le hubiera prestado plata a la Municipalidad. En vez de tener los fondos en un banco, están en las arcas del municipio". Pero resaltó que la institución que dirige "nunca le dijo que NO a un afiliado que solicitó un préstamo".
Romano agregó que "hoy (por ayer) la Municipalidad depositó cinco o seis meses juntos, por lo que las deudas deben venir desde septiembre u octubre del 2000".
Con los días contados
La funcionaria tomó conocimiento de la denuncia penal a través de este diario. "No sabía que el asesor letrado hubiera hecho esa presentación ante la justicia penal", dijo.
Romano agregó que Pereyra "esta de licencia hasta el jueves" y resaltó que ella no autorizó esos días de vacaciones y el directorio tampoco sabía de la ausencia del asesor.
La titular del Instituto de Previsión Social dejó en claro que Pereyra tiene los días contados en su función. "Voy a tener que consultar con un abogado para ver cómo lo relevamos de su puesto de asesor letrado", confesó Romano y consideró que "una persona en ese puesto tiene que tener la máxima confianza del directorio. No se puede confiar en él".
La funcionaria dijo también que el apoderado legal "tiene problemas con el directorio y fue suspendido por haberse dirigido a sus integrantes en términos improcedentes y hasta con amenazas".
Finalmente la contadora opinó que "era de suponer que Pereyra iba a tomar alguna actitud de este tipo, pero no se podía saber cuál era".