Los santafesinos reclaman a EEUU que interceda ante Software Legal

Empresarios y gremialistas santafesinos solicitaron la intervención de la embajada de EEUU ante la entidad Software Legal que exige sanciones con montos "significativos" sobre quienes usan copias ilegales de programas de computación y que derivarían en la desaparición de varias empresas de la provincia.
Catorce entidades santafesinas firmaron la nota enviada el 28 de noviembre al embajador James Walsh, en la que denuncian las acciones de la entidad que agrupa a filiales locales de empresas multinacionales como son Symantec, Microsoft, Autodesk, Adobe, Lotus, Veritas y Caldera, entre otras.
Las entidades piden a la embajada que "en consonancia con la actitud de vuestro gobierno" hacia la situación de Argentina instrumente "acciones que intervengan en este problema con el afán de solucionarlo".
Se pide un "lapso prudencial de tiempo" para que las empresas puedan regularizar la situación de sus programas de computación en uso, durante el cual Software Legal no realice denuncias, ni motorice allanamientos.
Las consecuencias de la presión de Software Legal sobre las empresas trascendió los límites de la provincia con la redacción de un proyecto de ley para declarar la emergencia informática a nivel nacional por un año.
Los legisladores que redactaron la propuesta fueron los diputados nacionales Oscar Lamberto y María de Carmen Alarcón (PJ) y Carlos Iparraguirre y Julio Tejerina (UCR).
Si una medida de esta naturaleza avanza, "para el sector sería terrible, porque entonces nadie más pagaría por propiedad intelectual", aseguró el presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos, Jorge Cassino, quien en las últimas semanas intentó mediar entre las entidades de Santa Fe y Software Legal.
Las secretaría de la Pyme y la de Comunicaciones también recibieron los reclamos de los empresarios y se estudió la posibilidad de dictar por decreto la emergencia informática.
"Lo único que frenará el decreto es que Software Legal acepte una prórroga", indicaron fuentes gubernamentales, preocupadas por la posible nacionalización del conflicto.
Las entidades de Santa Fe, entre ellas las delegaciones locales de la UIA, la CGT, las asociaciones de Dirigente de Empresas, de Transporte Automotor de Pasajeros, de la Construcción, de Comercio Exterior, de Empresas Informáticas de Santa Fe, reconocen la legalidad de los reclamos. Pero afirmaron que "las acciones de Software Legal no colaboran con la concientización y que por el contrario son percibidas como actitudes coercitivas con un claro afán de lucro, del que serán beneficiados determinados estudios jurídicos".