Los juegos de azar sufren los cambios

La Justicia ordenó que una diputada cobre todo el sueldo

El juez en lo contencioso administrativo Martín Silva Garretón ordenó ayer que se ponga a disposición de la diputada nacional Alicia Castro la totalidad del sueldo que percibe como legisladora sin las restricciones que impiden el retiro de fondos de los bancos. La resolución será apelada por el gobierno, según adelantó el secretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía, Alfredo Castañón.
Silva Garretón ordenó la suspensión del decreto "en cuanto establece restricciones a la extracción de sumas acreditadas en conceptos de remuneración" de la legisladora.
Castro, patrocinada por el abogado Marcelo Longin D'Alessandro, promovió una acción de amparo para que se declare impugnada la validez del decreto presidencial por violar principios contenidos en la Carta Magna, tales como el derecho a la propiedad.
La diputada hizo un llamado para que otros ciudadanos la imiten, especialmente los trabajadores. "Hemos puesto nuestro recurso a disposición de todas las organizaciones sindicales para lo hagan en representación de los trabajadores. Y también lo hemos hecho con las asociaciones de usuarios", explicó Castro.
"Ningún poder puede disponer las dosis en que los trabajadores pueden disponer de sus salarios", remarcó Castro, quien concluyó que "si Cavallo tuviera sus ahorros en la Argentina, seguramente entendería el malestar generalizado de la ciudadanía".
Sin embargo, Castañón afirmó que el gobierno apelará la resolución judicial que benefició a Castro y expresó su total convencimiento que va a ser revocada por la Cámara de Apelaciones.
Castañón justificó su posición en que "existe una larga jurisprudencia en materia de emergencia económica y de defender los intereses colectivos".Antes de que se conociera la resolución que benefició a Castro, ayer se sumaron nuevas medidas judiciales, tanto en el fuero contencioso administrativo como en el laboral. Tal es el caso de una particular, Leonor Torres, que planteó la nulidad e inconstitucionalidad del decreto porque le impide percibir en efectivo la cuota alimentaria que tiene asignada por la justicia civil para atender las necesidades de su hijo menor de edad, quien padece de epilepsia tóxica.
La mujer, quien acompañó un certificado de salud del menor extendido por el Ministerio de Salud, expuso que la falta de dinero en efectivo "provoca una virtual paralización de las actividades clínicas indicadas por los profesionales" para su hijo.