Para la ONU en Paraguay no existe Estado de Derecho

Asunción. - Doce años después de su vuelta a la democracia, Paraguay no consiguió establecer un Estado de Derecho, expresó un informe preparado para las Naciones Unidas. "No existe el Estado de Derecho en Paraguay", aseguró ayer el consultor Joan Pratt al presentar un estudio patrocinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y efectuado por el Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña.
"Sólo existe un estado de legalidad muy parcial que difícilmente puede conducirlo hacia el desarrollo", añadió, al comentar las principales conclusiones del documento. El estudio forma parte de un proyecto regional del PNUD sobre gobernabilidad democrática y fue presentado además por Lucien Muñoz, representante residente del organismo en Paraguay.
"Hay sin duda un problema de honestidad y capacidad de las personas. Pero el problema fundamental es institucional", agregó el informe. Paraguay tuvo como presidente durante 35 años, hasta 1989, al dictador Alfredo Stroessner, con apoyo del gobernante Partido Colorado.
Los cuatro gobernantes que ejercieron el poder en los años posteriores pertenecen al mismo partido, que está en el poder desde 1947 y es actualmente el más antiguo del mundo en el ejercicio ininterrumpido del gobierno. Paraguay es además el socio más pobre de la unión aduanera Mercosur, que integra con Argentina, Brasil y Uruguay, y es uno de los países con peor distribución de la riqueza en América Latina, según organismos internacionales.
El estudio recomendó reducir el calendario electoral, ya que "el número de elecciones que soporta el país es excesivo e injustificado", además de modificar la obligación de los partidos de nominar candidatos mediante elecciones directas, porque esto incentiva la formación de facciones. "Es necesario continuar la labor de fortalecimiento de la independencia, atribuciones y capacidades de la Justicia Electoral, una legislación específica sobre partidos políticos" y dotar de mayor disciplina partidaria al Congreso.
A corto plazo, el organismo consideró necesario asegurar la publicación y difusión de las decisiones judiciales, contar con un diagnóstico real de las situaciones procesales y crear un nuevo código civil comercial. Recomendó además implementar medidas a mediano plazo para solucionar los problemas asociados a la propiedad de la tierra, principal foco de conflictos entre terratenientes y organizaciones campesinas, que han dejado un saldo de 23 trabajadores rurales muertos en los últimos seis años. (Reuters)