Los empleados de la Legislatura correntina, en disponibilidad

Drástico ajuste en la administración pública antes de la asunción del gobernador electo, Ricardo Colombi

El interventor federal de Corrientes, Oscar Aguad, declaró la disponibilidad de los más de 600 empleados del Poder Legislativo por decreto, el cual contempla la posibilidad de despidos, con el fin de producir el drástico ajuste presupuestario prometido por el gobernador electo, Ricardo Colombi, durante la campaña proselitista.
El decreto, difundido oficialmente ayer durante la sesión preparatoria del Senado, obedece según fuentes parlamentarias a un pedido reservado del gobernador Colombi (UCR) al interventor federal para que la disponibilidad entre en vigencia antes de la asunción de las nuevas autoridades, que de esa forma esquivarían el costo político de tan impopular medida.
Un legislador del oficialista Frente de Todos confió que el decreto dictado en las últimas horas por Oscar Aguad constituye el punto de partida de un plan de reducción de gastos en el Parlamento para que el presupuesto legislativo no supere el uno por ciento del total provincial.
El decreto en cuestión, número 192, despoja durante 60 días de la estabilidad laboral a los trabajadores de las Cámaras de Diputados y de Senadores y, al mismo tiempo, equipara la escala salarial legislativa con los importes que perciben las distintas categorías escalafonarias del Poder Ejecutivo.
La norma, suscripta por todos los ministros de la intervención a 10 días de la normalización institucional de Corrientes, faculta a las autoridades de ambas Cámaras a transferir a otras áreas del Estado al personal que, a la fecha, se encuentra adscripto en reparticiones ajenas a la Legislatura.
El fragmento más preocupante para los trabajadores del sector está plasmado en los artículos 7 y 8, que disponen el despido de los empleados que no se avengan a las nuevas condiciones laborales, puntos que causaron escozor en la sesión de ayer, durante la cual juraron 12 de los 13 senadores electos.
Para colmo, en caso de despidos, las indemnizaciones se pagarán en cuotas como si fueran salarios y la obra social estatal podrá ser utilizada por el cesanteado durante dos años, el primero sin cargo y el segundo sólo si paga los aportes como un agente en actividad.
La noticia del decreto de disponibilidad generó ayer la primera polémica legislativa, ya que la presidenta provisoria del Senado, Mirta Zalazán (PJ), hizo caso omiso al pedido de cuarto intermedio de varios de sus pares y continuó con la sesión para despotricar contra la flamante norma. "Esta es una afrenta al Poder Legislativo, una intervención que se está yendo no se puede arrogar atribuciones que nos corresponden a nosotros como legisladores", bramó Zalazán.