La policía arrestó ayer a la ecónoma de la escuela provincial Nº1.318, Lidia Mendoza, quien de ese modo se sumó a la directora del establecimiento, Esther Aurora Termini, detenida desde el jueves en su casa de Pasaje Zavalla al 3800. Ambas están acusadas de malversación de fondos públicos y otros delitos, ya que presuntamente desviaban dinero enviado por el Ministerio de Educación provincial que estaba destinado a los comedores escolares. La investigación de graves irregularidades en la administración de estos fondos involucra a varios directores de escuela, cooperadores y proveedores de distintos establecimientos, pero no sube -al menos por ahora- a niveles superiores de la cartera educativa.
Mendoza fue arrestada por las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) apenas un día después que Termini. Fuentes de la investigación revelaron a La Capital que las detenciones podrían continuar, y no descartaron que las ramificaciones de las pesquisas lleguen hasta algún inspector del ministerio.
Por lo pronto, la investigación que comanda el juez Jorge Eldo Juárez ya tiene bajo la lupa por lo menos a otras dos escuelas, la Nº 1.257 Aras General Belgrano y la Nº 135 General Dorrego. Con el tiempo, otras podrían sumarse a la lista.
Desvío de fondos
La investigación, que se inició tras la declaración espontánea de un empleado con 18 años de antigüedad en el ministerio, apunta a probar graves irregularidades en la administración de los 43 millones de pesos que Educación destina anualmente a la distribución en toda la provincia de 180.000 raciones diarias de comida. La sospecha es que parte de ese dinero se desvía hacia los bolsillos de algunos directores, cooperadores y proveedores, que serían cómplices en la ejecución de estas maniobras.
La lupa de Juárez está dirigida hacia los directores porque son ellos, junto a los cooperadores, quienes tienen la responsabilidad y el manejo discrecional de los cheques que el ministerio les gira a través del Banco de Santa Fe SA.
Hasta donde se sabe, las irregularidades detectadas hasta ahora eran tan burdas como obvias: consistían básicamente en sobrefacturar a los comedores mercaderías que no se proveían o hacer figurar una cantidad de comensales a veces mucho mayor a la que en realidad se alimentaba en las escuelas.
En los primeros pasos de la pesquisa ya se detectaron proveedores que actuaban en complicidad con directores y cooperadores. Entre ellos figuran un supermercado rosarino y un carnicero con un prontuario tan extenso como las ganancias que aparentemente obtenía.
En la búsqueda de pistas se hallaron indicios, algunos de ellos insólitos, que documentarían los delitos cometidos, entre ellos un cuaderno escolar manuscrito. Allí constan, por ejemplo, pedidos por cierta cantidad de kilogramos de milanesas que luego eran reemplazadas en el menú escolar por salchichas.
En ese cuaderno, que estaba guardado en un estudio jurídico de San Martín al 1500 allanado por las TOE (Tropas de Operaciones Especiales), habría otros indicios sobre los fraudes. Aunque nadie lo confirmó oficialmente, Juárez ordenaría una serie de pericias caligráficas para determinar quién escribió ese cuaderno, lo cual permitiría además saber a qué proveedor estaba dirigido.
Termini ya se declaró inocente, pero las declaraciones de Mendoza probarían que miente. La ecónoma incluso reveló que muchos empleados de su escuela se llevaban bolsones de alimentos originalmente destinados a los comedores.
En el futuro, cuando existan más elementos y tal vez también más detenidos, habrá pericias contables para establecer cómo se administraban los fondos recibidos por los directores bajo sospecha.
Los avances registrados en la investigación iniciada hace unos 4 meses permitió detectar una notoria ausencia de controles por parte del Estado provincial. Esto facilitó la existencia de un sistema de recaudación que consiste en gastar menos de lo que se informa que se gasta, y en distribuir los excedentes entre directores, cooperadores y proveedores. No se descarta, además, que un porcentaje de ese dinero vaya a parar a alguien vinculado con el ministerio que garantizó a lo largo de los últimos años la continuidad de las personas involucradas en los lugares donde cometieron los fraudes, ya que todos los sospechosos llevaban mucho tiempo ocupando sus puestos.
La Ciudad
