"Estamos de acuerdo con cualquier reforma a la situación actual, que de por sí es muy grave". La frase del juez Luis María Caterina puede definir el pensamiento de los magistrados del foro penal de Rosario que ayer se reunieron con el ministro de Gobierno y el subsecretario de Justicia de Santa Fe y le expresaron su aval a la iniciativa de construir minipenales reciclando viejas fábricas o edificios como estrategia para descomprimir la superpoblación carcelaria. Los jueces también se mostraron interesados en conocer el estado parlamentario en que se encuentra un proyecto para reformar el Código de Procedimiento Penal, específicamente en lo que tiene que ver con juicios abreviados.
Los titulares de once juzgados de instrucción habían solicitado una reunión con Lorenzo Domínguez y Carlos Carranza para interiorizarse de la iniciativa gubernamental de aprovechar edificios en desuso y construir nuevos penales en los que se puedan alojar a los presos que actualmente se encuentran en una grave situación de hacinamiento en las comisarías de Rosario. Del encuentro también iban a participar jueces de la capital provincial, pero por problemas de trabajo no pudieron llegar a tiempo.
Los magistrados rosarinos, nucleados en el Foro de Jueces Penales, apoyaron de lleno el proyecto "convencidos que ésta es una salida para el tema carcelario hasta que estén las nuevas cárceles construidas", comentó el ministro Domínguez. El funcionario estimó que la inversión para las penitenciarías que se planean levantar en Piñero y Timbúes sería de 25 y 30 millones de pesos, mientras que el aprovechamiento de espacios "no tradicionales" podría insumir un "10 por ciento de esa suma".
Al ser consultado acerca de si esa iniciativa significaba un retroceso en el proceso de licitación para las obras de las nuevas cárceles, Domínguez remarcó que su prioridad es descomprimir la sobrepoblación en las comisarías rosarinas, donde actualmente hay poco más de un millar de personas detenidas. "Como están las cosas probablemente no tengamos cárceles nuevas hasta dentro de dos años. Esta iniciativa de aprovechar espacios no tradicionales es ahora nuestro plan A para enfrentar la crisis en comisarías", agregó.
El titular de la cartera de Gobierno remarcó que el problema de las seccionales "es un objetivo de Estado", y añadió que "en caso de que se implemente este proyecto tendrán que buscarse los fondos para que esa estructura sea atendida por el Servicio Penitenciario y no por la policía".
Búsqueda de presupuestos
Al concluir el cónclave, los magistrados mostraron su conformidad con la idea de los penales alternativos. "Estamos de acuerdo con cualquier reforma de la situación actual -comentó el juez Caterina, uno de los participantes- que signifique transformar las cárceles en sitios más humanos. Esa es una vieja preocupación nuestra".
Sobre la cuestión, Domínguez manifestó que en la actualidad "el proyecto se encuentra en una etapa preliminar; se está en la búsqueda de presupuestos y alquileres" de inmuebles. La intención del Gobierno es bajar a 500 el número de internos alojados en las seccionales de Rosario.
En cuanto a la reforma del Código Penal, uno de los magistrados que concurrió al encuentro comentó que la iniciativa partió de los propios jueces penales que la elevaron al Poder Ejecutivo. El proyecto, que introduce algunos "retoques" que busca agilizar o simplificar los procesos judiciales, pasó luego a tratamiento parlamentario.
"La iniciativa para introducir algunas modificaciones al código fue propuesta por los mismos jueces. Se busca abreviar los procedimientos y permitir que los mecanismos sean más ágiles", dijo el magistrado convencido de que "de esa forma también se favorecería a descomprimir los penales de las seccionales".
La Ciudad
