El subsecretario de Seguridad ante los senadores

Alvarez reconoció que hubo más delitos en la provincia

Consideró que el aumento no es alarmante y criticó los métodos de medición

Marcelo Carné

El subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez, admitió ayer ante los senadores provinciales que los índices de criminalidad se han incrementado en la provincia. No obstante, recalcó que los mismos "no son alarmantes comparados con otros distritos". Asimismo, el funcionario provincial atribuyó a problemas presupuestarios la implementación de políticas preventivas en su área y se excusó de opinar sobre el hallazgo de cinco pistas clandestinas de aterrizaje en la provincia ya que "por cuestiones de jurisdicción es la Justicia Federal la que debe responder".
Alvarez, quien fuera citado hace un mes a instancias de los radicales Alberto Beccani y Enrique Michlig en el marco de la creciente inseguridad en la provincia, realizó una extensa exposición en compañía del jefe de la policía, comisario general José Storani, y la directora de Asuntos Internos de la fuerza, Leila Perazzo.
El funcionario reconoció que, tal como lo señala una encuesta difundida por los senadores y elaborada por la Universidad Nacional del Litoral, "en los primeros meses del año aumentaron los índices de criminalidad en Santa Fe". Aunque al mismo tiempo cuestionó el método evaluativo empleado para ese trabajo. En una ilustrada explicación señaló que la cantidad de delitos debe medirse en relación a cada 10.000 habitantes "como se miden internacionalmente" y exhibiendo una estadística de la Dirección Nacional de Política Criminal ejemplificó que en Capital Federal, sobre un total de 13.046.663 habitantes se produjeron 199.587 delitos en total, lo que arroja una tasa de 655 hechos por cada 10 mil habitantes. Con el mismo método, en Santa Fe, con una población de 3.098.661 se registraron durante el año pasado 84.083 delitos a una tasa de 271 delitos por cada 10.000 habitantes. El índice santafesino -según ese cuadro-, es inferior a los de Mendoza (570/10.000) y Córdoba (376/10.000).
En ese plano, el funcionario justificó como causales del incremento delictivo el deterioro del tejido social y la falta de valores. Y mencionó como justificativos de las falencias en la política de seguridad, la falta de medios y presupuesto y la no incorporación de personal.
Asimismo, Alvarez planteó que "se ha registrado un aumento de las denuncias", a lo que Storani acotó que la fuerza de seguridad hace "un seguimiento total de cada caso reportado".
Al abordar las investigaciones sobre las denuncias de "cajas negras" en la policía, fue Perazzo quien justificó que sus resultados aun no puedan darse a conocer. "Yo misma le he requerido una prórroga a la Subsecretaría de Seguridad Pública antes de elevar una auditoría para aguardar la resolución de los tiempos de la investigación penal", apuntó.
Finalmente, en relación a la promoción de algunos policías sospechados de diversas irregularidades, sostuvo que todavía no se firmó ningún ascenso en relación con esos casos: "No hay en sustanciación ningún sumario sobre ellos, sino que están separados preventivamente y por el principio de inocencia no se impide su ascenso", indicó. En tanto, como prueba de las medidas correctivas adoptadas hacia adentro de la fuerza policial, reseñó que en el 2001 hubo 35 policías cesanteados y que entre 1998 y 2001 esa cifra trepa a 130, aunque los sumarios instruidos fueron 1.774.

El vicegobernador presidió la audiencia de ayer.