En un trámite veloz para avanzar antes de que cayera el quórum, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto que normaliza la situación del Pami, termina con las intervenciones y permite que los jubilados elijan a sus autoridades. "La ley reafirma el carácter público no estatal del instituto e incorpora controles internos y externos, a través de la Sindicatura General de la Nación; es una afirmación del espíritu solidario que debe tener el sistema de seguridad social", explicó la diputada Cristina Guevara, al presentar el proyecto.
La iniciativa debe ahora ser tratada por el Senado.
El proyecto define las prestaciones de la obra social como "servicios de interés público" y vuelve "intangibles" los recursos para su financiamiento.
La ley impide "delegar, ceder o transferir" a terceros las funciones de conducción, administración, planificación, evaluación y control del organismo.
También coloca una barrera para una posible privatización al advertir que "el instituto no podrá ser alcanzado por instrumentos legales que prevean su desregulación o competencia regulada".
El directorio ideado por el proyecto se compone de 11 representantes de los centros de jubilados, dos de los trabajadores y dos del Poder Ejecutivo.
El instituto creado queda con la facultad de fiscalizar los recursos recaudados para su funcionamiento, que provienen de los aportes jubilatorios, y la forma como le son transferidos.
Los diputados se apuraron por votar sin debate la propuesta, que es un viejo reclamo de los centros de jubilados.
La única oradora fue Guevara, la titular de la comisión de Salud de la cámara. "El propósito fundamental es modificar la ley 19.032 que creó el Instituto Nacional de Servicios Sociales", precisó la legisladora.
No hubo oradores en contra. De esa forma se cerró una jornada donde la discusión del Pami había sido central en la Cámara de Diputados.
Tres horas antes, en el despacho de la presidencia de la Cámara, el vicejefe de Gabinete, Héctor Rodríguez, se había comprometido ante los legisladores a un aporte gubernamental de 60 millones de pesos en Lecop para que el Pami pudiera normalizar sus prestaciones.
Así, la sesión de ayer fue la contracara de la feroz polémica que tuvo lugar anteanoche, cuando los diputados habían puesto el grito en el cielo por el agravamiento de la crisis del Pami.
Sin embargo, en el Senado las perspectivas para tratar el proyecto rápidamente son pocas y los diputados evaluaban ayer que su discusión quedaría para el año próximo.
Una "refundación" del Pami
El subinterventor del instituto, Eduardo Trivisonno, volvió a manifestar ayer sus diferencias con la gestión del titular de la obra social de jubilados y pensionados, Raúl Pistorio, al señalar que ambos sostienen ideas distintas sobre cómo solucionar su crisis, y llamó a "refundar el Pami". Aseguró además que con el actual presupuesto de "2100 millones de pesos es suficiente" para garantizar las prestaciones médicas y sociales actualmente cortadas por falta de pagos.
Trivisonno dijo que para el Pami tiene un enfoque diferente al que ha tomado el actual interventor. Si bien reconoció que la actual crisis se debe a una caída en la recaudación, aseguró que "el actual presupuesto de 2100 millones es plata suficiente para que ningún beneficiario se quede sin prestación médica y social".
En ese marco, dijo que el Pami debe ser "bien administrado; acá hay que atacar la corrupción, el clientelismo político y achicar estructuras".
En ese marco, dijo que actualmente el Pami tiene un presupuesto de "casi 300 millones menos al año y hay atraso de 150 días" en los pagos.
Reiteró que "hoy la prioridad es solucionar el problema de la gente, de los chicos", paro lo cual advirtió que podría estructurarse una red alternativa de prestaciones con la inclusión de los hospitales.
"La otra posibilidad es que a la Argentina le entre dinero y ese dinero pueda ser volcado al Pami", dijo Trivisonno, quien consideró que, ante la falta de crédito que sufre el país, se podría renegociar con los prestadores consolidando la deuda y haciendo un fideicomiso a 50 meses de la actual deuda, posibilidad que los prestadores estarían dispuestos a aceptar. (DyN)
La Ciudad
