Kabul/Londres/Islamabad. - La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres, exigió una investigación de lo sucedido en la fortaleza de Qila-i-Jhangi, a las afueras de Mazar-i-Sharif, durante la represión de un motín de prisioneros talibanes. Amnistía expresó que es necesario verificar lo antes posible si la Alianza del Norte y EEUU actuaron con una dureza desproporcionada para aplacar la revuelta que dejó un saldo de 600 muertos. Los talibanes extranjeros y miembros de Al Qaeda habían resistido a rendirse expresando su temor a ser fusilados o masacrados por la Alianza.
La mayoría de las víctimas eran prisioneros, aunque un portavoz de la coalición antiterrorista liderada por Washington negó ayer que la Alianza haya aplicado una violencia desproporcionada en los combates. Un corresponsal de la BBC que entró por primera vez en la fortaleza donde se desató un motín de prisioneros extranjeros dijo haber visto en el lugar centenares de cadáveres en medio de un escenario de "destrucción total".
Unos 600 muertos
Un comandante de la Alianza expresó que probablemente todos los 600 prisioneros -entre ellos paquistaníes, árabes y chechenos-, así como también más de 40 efectivos de la Alianza, murieron en los combates. Otro vocero de la Alianza, al anunciar que el motín había sido sofocado, informó: "Redujimos a los últimos extranjeros que esta mañana resistían. En total matamos a 450. Ninguno aceptó rendirse", así declaró el general Abdulatif, uno de los comandantes que dirigió el asalto.
"Lamentamos que hayan muerto tantos", dijo Kenton Keith, portavoz de la coalición liderada por Estados Unidos que lucha contra los talibanes. Pero Keith aseguró en una rueda de prensa en Islamabad que el bombardeo de la fortaleza "no fue una masacre, no fue una represalia".
Cinco soldados estadounidenses resultaron heridos por una bomba de sus propias fuerzas durante la batalla. La revuelta comenzó el domingo, cuando combatientes de Al Qaeda que se habían rendido tras defender la cercana ciudad de Kunduz se apoderaron de los fusiles de asalto Kalashnikov y lanzagranadas en poder de sus captores, según la coalición.
"Lo que sucedió en Mazar-i-Sharif fue una encarnizada batalla", expresó Keith. El portavoz dijo que había tomado nota del pedido del grupo de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional, de que la coalición antitalibán investigue los choques. Amnistía sugirió a la coalición que "debería emitir recomendaciones urgentes para garantizar que otros tipos de rendición y custodia de prisioneros no lleve a desórdenes similares y pérdida de vidas".
Tropas de la Alianza, apoyadas por unidades de élite estadounidenses, reprimieron la revuelta, que duraba ya tres días, con tanques, granadas y un masivo apoyo aéreo. "La gente dentro del fuerte tomó las armas. Mataron a los que quisieron matar", agregó Keith. "No tenemos razones para concluir que la Alianza actuó sin control", dijo el vocero sobre las denuncias de que las fuerzas antitalibán habrían aprovechado la ocasión para cometer asesinatos por venganza.
Convenciones de Ginebra
Por su parte, la Comisión Internacional de la Cruz Roja (Cicr) recalcó que las Convenciones de Ginebra deben aplicarse también en Afganistán, que ha estado inundada de informes sobre matanzas de prisioneros. Las Convenciones, que se elaboraron tras la Segunda Guerra Mundial para proteger a los civiles y garantizar los derechos de los soldados que se rendían, están relacionadas principalmente con conflictos internacionales que involucren a dos o más países, y no guerras civiles como la de Afganistán.
Sin embargo, el artículo tres de las cuatro Convenciones -los otros dos se refieren al tratamiento de los heridos de guerra tanto en tierra como en alta mar- presenta un código mínimo de conducta para todos los Estados que firmaron los tratados de 1949. Afganistán ratificó las Convenciones en 1956.
Entre los actos considerados inaceptables en una guerra se encuentran las ejecuciones sumarias, el asesinato y la tortura. "El artículo tres se aplica a todos, a la Alianza, a los talibanes, a la red Al Qaeda y a cualquiera que luche en el territorio", dijo Catherine Deman, asesora de la división legal de la Cicr. (DPA, Reuters)
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