La Cámara de Diputados convirtió antenoche en ley el proyecto que crea un Sistema de Inteligencia Nacional dirigido por la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), que regulará las tareas de los organismos del Estado. La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría con el voto de los aliancistas, justicialistas y provinciales, en tanto que se opusieron los legisladores del Alternativa por una República de Iguales (ARI) y otras bancadas menores.
El debate fue abierto por el presidente de la comisión de Seguridad Interior, el radical Fernando Montoya, quien remarcó que "este es el tiempo de sancionar la ley de inteligencia, la cual es muy importante para la profundización del sistema democrático".
"Esta es una ley que nos debemos hace 14 años", sentenció Montoya, quien destacó que si se llegara a sancionar la iniciativa, "por primera vez la inteligencia va a ser pública en el país y el Parlamento controlará las tareas de inteligencia y los gastos reservados que demanden".
En tanto, Alfredo Bravo, diputado del ARI, se opuso a la ley y se quejó porque este dictamen no fue analizado por la Comisión de Derechos Humanos, lo que generó la réplica del peronista Miguel Angel Toma, quien aseveró que "esta es la ley más garantista que se podía haber votado".
El proyecto consensuado entre radicales, justicialistas y frepasistas crea un Sistema de Inteligencia Nacional dirigido por la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), que regulará las tareas de los organismos de inteligencia del Estado. Además, determina que "no podrán ser miembros de ningún organismo de inteligencia las personas que registren antecedentes por crímenes de guerra, contra la humanidad o por violación a los derechos humanos en los archivos de la Subsecretaría de Derechos Humanos".
Control parlamentario
Por otro lado, la iniciativa establece el control parlamentario de las tareas de inteligencia, dado que la Side deberá remitir al Congreso un informe anual secreto de sus actividades y el Parlamento estará habilitado para "supervisar y controlar" los gastos reservados asignados al sistema.
Además, el proyecto prevé penas de entre un mes y dos años de prisión e inhabilitación para quien "indebidamente interceptare, captare o desviare comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil así como cualquier otro tipo de información, archivo, registros y/o documentos privados".
Las actividades reguladas por el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado, luego de un consenso construido en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad son las de "inteligencia nacional, de contrainteligencia, de inteligencia criminal y de inteligencia estratégica militar".
A su vez, aclara que los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas se encargarán de tareas de "inteligencia estratégica operacional y de inteligencia táctica" necesarias para "el planeamiento y conducción de operaciones militares y de inteligencia técnica específica".
También prohíbe "la creación, conformación y funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes y grupos de personas físicas o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de inteligencia en cualquiera de sus etapas, asignadas a los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional". (Télam)
La Ciudad
