Año CXXXV
 Nº 49.315
Rosario,
jueves  29 de
noviembre de 2001
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Pidieron que se conceda el arresto domiciliario al médico homicida
La defensa de Eduardo Fridman fundamentó el pedido en que el acusado es mayor de 70 años

La defensa del médico Eduardo Fridman, imputado en el asesinato del gerente de la Asociación Española de Ahorros Mutuos, Claudio Zampol, solicitó ayer al juez de la causa que conceda la detención domiciliaria al acusado por ser mayor de 70 años.
El pedido fue presentado por el abogado Luis Laporte en el juzgado de Instrucción Nº 9, a cargo de Carlos Carbone, quien investiga el crimen ocurrido el 19 de noviembre pasado en la sede de la Asociación Española. Ese día, Fridman le disparó un balazo en la frente al gerente de la entidad tras ser notificado de que sería momentáneamente suspendido en sus funciones debido a una queja por malos tratos presentada por una socia.
Fridman, de 74 años, fue apresado poco después en un bar cercano y desde entonces se encuentra detenido en la seccional 2ª. Ayer su abogado solicitó que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria, que la ley nacional 24.660 prevé para las personas mayores de 70 años o las que padecen una enfermedad incurable en su etapa terminal cuando medie el pedido de un familiar.
La detención domiciliaria fue requerida por el hijo del médico, Carlos, quien asumió su responsabilidad por el cuidado de su padre en caso de que éste obtenga el beneficio. El domicilio fijado en la solicitud es el de la casa de Fridman en la localidad de Granadero Baigorria.
Si bien la ley dispone esta modalidad de detención para los condenados, la defensa planteó en su escrito que la misma "tiene que ser aplicable a los procesados". Y citó como ejemplo el caso del ex presidente Carlos Menem, que gozó del régimen domiciliario en una quinta de Don Torcuato.
Hasta ayer el pedido no había sido resuelto por el juez Carbone, quien puede adherir u oponerse al requerimiento de la defensa. En caso de conceder la detención domiciliaria, la supervisión de Fridman quedaría en manos del Patronato de Liberados, pero "en ningún caso a cargo de organismos policiales o de seguridad", según establece la ley.



La casa de Granadero Baigorria donde se podría cumplir el arresto.
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